Jorge Torres López: ¿qué van a hacer con él?

Que el exgobernador Jorge Torres López sea considerado un prófugo de la justicia en Estados Unidos no es ninguna novedad. Pero sí lo es el hecho de que las autoridades del vecino país hayan decidido iniciar los procedimientos formales para requerir el apoyo necesario del Gobierno de México para conseguir su captura y extradición.

Y constituye una sorpresa porque hace ya buen tiempo que la DEA había incluido en su lista de los individuos más buscados al sustituto de Humberto Moreira en la titularidad del Poder Ejecutivo de Coahuila, sin que hubiera pasado mayor cosa desde entonces.

Las aguas se agitaron hace unos días, cuando se supo que Torres López —a quien muchas voces han ubicado de forma permanente en Saltillo– había sido internado en un hospital a causa de una presunta afección cardiaca y eso lo convirtió nuevamente en noticia de primera plana.

Todo hace indicar entonces que la visibilidad que le dio su repentina enfermedad activó las alarmas allende las fronteras y eso llevó al fiscal Abe Martínez a solicitar, ante una Corte del Distrito Sur de Texas, cinco copias certificadas de la orden de arresto emitida contra Torres López —el 8 de febrero pasado— a fin de integrarlas al expediente con el cual se pretende solicitar la extradición del exmandatario.

La pregunta obligada frente a este hecho es, ¿qué va a hacer el Gobierno de México si le solicitan que capture y entregue a Jorge Torres? Más aún: ¿debería hacer algo de forma preventiva para evitar, en caso de concretarse la solicitud, la evasión de Torres López?

Viendo más de cerca el tema, ¿qué autoridad debería asumir la posición proactiva frente a las noticias que circulan? ¿Las autoridades federales o las estatales? ¿Cuál es el papel que, en todo caso, juega aquí la recién estrenada Fiscalía General del Estado?

No son preguntas menores, sobre todo si consideramos que este nuevo episodio es apenas uno más de los muchos que los coahuilenses hemos atestiguado en los últimos años, durante los cuales la historia de los delitos cometidos alrededor de la denominada “megadeuda” ha sido escrita en clave esquizofrénica, pues la historia que se cuenta en los juzgados de los Estados Unidos es absolutamente opuesta a la que se plantea en México.

La sospecha que los ciudadanos tienen es que los involucrados en este caso —Javier Villarreal, Sergio Fuentes, Jorge Torres y otros— han gozado de un manto de protección que les ha permitido escapar a cualquier castigo en nuestro país, incluso después de que han sido procesados y, en algunos casos, condenados en los Estados Unidos.