Foto: Especial/ La decisión de impulsar acciones penales en contra del entonces director general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin; de Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de administración de Altos Hornos; y de todos aquellos que participa
Había que denunciar no sólo por tratarse de un acto que afectó gravemente los intereses económicos del país —la operación involucra alrededor de 11 mil millones de pesos (275 millones de dólares)—, sino para poder exponer las causas mismas que generan la corrupción: la arrogancia de los que se consideran intocables y el desprecio que tienen para con los intereses del Estado

De acuerdo a una columna de Julio Scherer, publicada por Washington Post, la denuncia contra Emilio Lozoya, no solo era legalmente inevitable y éticamente obligatorio, más aún, era una urgencia sustancial para México.

Añade que el hecho era agravioso no solo por el monto de la afectación al patrimonio de los mexicanos, sino porque constituye otro emblemático símbolo de la corrupción política que tenía que ser expuesto.

La ofensa fue la compra que ejecutivos Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera mexicana, hicieron de la planta de urea y fertilizantes Agro Nitrogenados, ubicada en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.

La decisión de impulsar acciones penales en contra del entonces director general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin; de Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de administración de Altos Hornos; y de todos aquellos que participaron en la adquisición de la planta, respondió a los intereses de la República.

Dichos funcionarios públicos y empresarios operaron para que Pemex destinara cuantiosos recursos para adquirir una planta chatarra. Se pagó por ella como si fuera una empresa en funcionamiento, cuando en realidad tenía muchos años parada. Y se derrochó en su habilitación muchos más recursos de los originalmente presupuestados, que no sirvieron para nada: la planta no funcionó. Es una burla y un monumento a la corrupción.

Había que denunciar no sólo por tratarse de un acto que afectó gravemente los intereses económicos del país —la operación involucra alrededor de 11 mil millones de pesos (275 millones de dólares)—, sino para poder exponer las causas mismas que generan la corrupción: la arrogancia de los que se consideran intocables y el desprecio que tienen para con los intereses del Estado aquellos que, por su ambición personal, no reparan en enriquecerse a costa de los recursos que son de todos los mexicanos.

La denuncia sirve no solo para buscar reparar el daño económico y mandar un mensaje de combate a la corrupción, sino para dejar en claro que no permitir la impunidad es hacer manifiesto que todos debemos conducirnos sin soberbia, con austeridad. Es, a su vez, una propuesta hacia todos para conducirnos con honestidad. Por eso se hizo pública.

 

 

 

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Es sabido ya que los involucrados hicieron que Pemex, a través de sus subsidiarias, comprara la planta como si se tratara de un negocio activo y en marcha, cuando la opinión de la firma consultora Booz & Company fue que, por sí sola, la empresa no era económicamente atractiva porque llevaba mucho tiempo sin actividad.

Según la empresa Jacobs, contratada posteriormente para supervisar la obra, no se revisaron las condiciones reales de los equipos que se adquirieron: había que reemplazar 82% de la maquinaria. Y la opinión del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fue que, después de estar inactiva durante 14 años, su estado y situación física implicaba una gran inversión para su rehabilitación y puesta en marcha.

La compra también se hizo sin valorar correctamente el costo de rehabilitación de los activos: en total se gastaron 485 millones de dólares. En principio se presupuestaron 200 millones de dólares y después se entregaron 285 millones de dólares adicionales.

Los que no se presupuestaron fueron los 65 millones de dólares que correspondían al pago de intereses de la deuda que se contrajo para la operación de la planta, los impactos cambiarios y otros gastos financieros.

No solo eso. Se pasó por alto, aunque eran datos que ya se conocían, que Pemex no tenía la capacidad para surtir las materias primas indispensables —como gas— para que la planta funcionara.

Al final, esa planta fue un elefante blanco más. Otra burla. La corrupción daña en lo económico, pero la altanería que la motiva lesiona a la República en sí misma: genera desesperanza en la sociedad, produce desánimo en el día a día y pone condiciones para el resentimiento.

Los actores, tanto públicos como privados, debemos conducirnos acorde a los valores de la República cuando están involucrados los intereses del Estado. Es un deber, un imperativo para producir la confianza que se necesita para reconciliar a todos los ciudadanos con la idea de respetar las leyes. Si estos ciudadanos no confían en sus gobernantes, tienen motivos para, a su vez, no cumplir con las leyes. Y si no las respetamos, no hay orden ni tampoco paz.

Las acciones de este gobierno, tanto en la denuncia como en las acciones subsiguientes, dejan en claro que, en el combate a la corrupción y la restauración del estado de Derecho, se actuará hasta las últimas consecuencias.

Por eso había que hacer la denuncia y avanzar en ella hasta los hechos de la semana pasada. No sólo por castigar, sino también para mandar el mensaje de que las cosas tienen que cambiar. Lo que se busca es hacer lo justo. Así lo pide la pacificación y reconciliación nacional. El interés es el de la República.

Con información de The Washington Post