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La provisión desigual de ayuda y la percepción de falta de compromiso por altos políticos, ha llevado que los funcionarios sean abucheados o incluso expulsados de los lugares afectados

Los mexicanos han respondido al sismo de magnitud 7.1 de la semana pasada, con un flujo de caridad vecinal, activismo cívico y orgullo nacional.

Sin embargo, algunos políticos y funcionarios públicos han sido acusados de tratar de aprovechar una tragedia que ha dejado más de 300 muertos y muchos más sin hogar.

El contraste ha causado indignación en un país donde los escándalos de corrupción y la impunidad generalizada han alimentado una profunda desconfianza hacia la clase política y la estructura estatal.

Tal es la profundidad del escepticismo de que algunos trabajadores de socorro salieron de su camino para enfatizar que no estaban afiliados a ninguna agrupación.

Un grupo de jóvenes llevaron mantas, materiales de construcción y alimentos a Xochimilco. “No somos de ningún partido político”, declaró el líder de los voluntarios, Víctor Hugo Arzate, consultor.

La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto fue abucheado por estudiantes mientras viajaba por una ciudad dañada en su estado natal.

“Agarra una pala”, gritó uno de ellos.

Los locales dicen que gran parte de la respuesta inmediata al desastre se concentró en partes más ricas de la capital y la ayuda oficial fue lenta para llegar a Xochimilco.

“No ha habido ninguna ayuda de la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal”, dijo Sergio de los Santos, uno de los muchos agricultores de San Gregorio que cultivan lechuga, espinaca y verduras en chinampas.

Otros agravios con funcionarios locales son anteriores al terremoto, “el camino destartalado hacia la ciudad, el mal servicio del agua y demasiadas promesas de campaña no cumplidas, pero el terremoto trae consigo tales frustraciones”, declaró De los Santos.

Si el desastre provocó un estallido de unidad nacional, también ha revelado la profundidad del descontento con la clase política del país.

En el estado de Morelos, una de las regiones más cercanas al epicentro del terremoto, el obispo católico Ramón Castro acusó al gobierno estatal de desviar los paquetes de ayuda para poder reclamar el crédito por los suministros.

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, negó las acusaciones, pero fue agredido por las multitudes mientras visitaba el estado el domingo.

Algunos han visto ecos del catastrófico terremoto de 1985 en Ciudad de México, en el que miles de personas murieron y los sobrevivientes quedaron a cargo de sí mismos frente a una inepta respuesta del gobierno federal.

Ese episodio condujo indirectamente a una agitación política en la Ciudad de México, donde la izquierda ganó el poder en 1997 y ha gobernado desde entonces.

Algunos analistas creen que el terremoto de 2017 podría producir cambios similares en la política del país.

Ilán Semo, historiador de la Universidad Iberoamericana, dijo que cuestiones como la vivienda y la reconstrucción se pondrán de manifiesto en la campaña electoral del próximo año y podrían galvanizar a los votantes para crear nuevas organizaciones políticas.

Pero advirtió que los partidos tradicionales querrían evitar tal desarrollo. “No quieren que la gente se organice sobre esto”, declaró.

Con información de The Guardian

Miguel Sagnelli

Editor Web de secciones Coahuila, México e Internacional. Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación europeos y nacionales. Tanto en redacción, producción y docencia de los mismos.