Muchos esfuerzos se realizan día con día para combatir la corrupción, a nivel nacional e internacional, interesa combatir a la corrupción no sólo porque sea mala en sí misma, sino porque genera violaciones a derechos humanos, es importante y necesario que los órganos especializados en la defensa y protección de los derechos humanos den cuenta de esta relación, de la corrupción como uno más de los factores que pueden generar violaciones a los derechos.

Esto no quiere decir que dichos órganos se hagan cargo de la lucha contra la corrupción. Existen órganos especializados en ello, más aún, en México es todavía reciente la aparición del Sistema Nacional Anticorrupción.

Existen varias formas en que la corrupción puede converger en violaciones a los derechos humanos, una de ellas es la solicitud de sobornos como condición al acceso a los derechos, ya sea el acceso a la justicia o, en general, a los servicios públicos, otra es el pago de sobornos para llevar a cabo acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos, como lo es el pago de un soborno a un supervisor de condiciones laborales, o a un evaluador de impacto de una obra de infraestructura, otra forma en que la corrupción genera violaciones a los derechos humanos se da cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de los recursos públicos y, por ende, se tendrán menos bienes y peores servicios que abiertamente transgreden las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos.

La disminución de recursos públicos se puede dar por medio del desvío o malversación de los mismos; o a través de la solicitud del pago sobornos en la adjudicación de compra de bienes o prestación de servicios públicos, lo que genera sobreprecios u otro tipo de cargas en la calidad de los procesos de adquisición de bienes o servicios.

Habrá casos en que el impacto de la corrupción sobre la violación a los derechos humanos es constante. El derecho a la salud es uno de los más vulnerables a la corrupción, lo que trae como consecuencia más población sin acceso a la salud, más mortalidad infantil y menos esperanza de vida al nacer.

Frente a la situación de México se deben valorar las bases de la política anticorrupción centrada en combatir las violaciones estructurales a los derechos humanos, se debe priorizar el combate a la corrupción realizada por los altos mandos que tiene formas endémicas, es importante detectar las redes de criminalidad compleja que involucran al crimen organizado con órganos estatales.

Esto implica generar capacidades metodológicas que permitan establecer hipótesis, preguntas y análisis de casos de violaciones a derechos humanos en donde se relaciones de forma clara y directa a la corrupción como mecanismo de violaciones a derechos humanos.

En México, las compañías tienen la obligación de ayudar al desarrollo económico nacional, con responsabilidad social. Lo anterior se logra cuando se consolidan como instituciones económicas inclusivas, asumen su papel social con seriedad y desarrollan, promueven y ejecutan programas para la protección de los derechos humanos, los estándares laborales y ambientales, y los vinculan con programas de ética corporativa y medidas anticorrupción que garanticen la remediación en caso de vulneración.

Cuando un programa anticorrupción se vincula con la protección de los derechos humanos cobra mucho sentido. Es decir, al vincular las medidas anticorrupción al círculo virtuoso que ofrece la visión de la responsabilidad social, en donde se tiene como eje central la preservación y protección de los derechos fundamentales, la lucha anticorrupción adquiere un nuevo significado. Por lo tanto, un programa en la materia debe emanar de una iniciativa de integridad y responsabilidad social empresarial. Aislado, tiende a tener un matiz punitivo sin efectos palpables en la sociedad.