Los relojes, autos y aviones privados de los que no quiere hablar el gobierno del estado

Convencido que poner el reflector al entramado político y social es una tarea diaria, ejercer mi derecho de acceso a la información ha sido una de mis herramientas predilectas para lograrlo. Sin embargo, en 10 años de usar dicho derecho, la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Coahuila se ha convertido en algo parecido al curioso caso de Benjamin Button, ese personaje que “crecía” regresivamente. Mientras los gobiernos, las políticas públicas y las nuevas disposiciones legales avanzan en el sentido de la apertura, datos abiertos, transparencia y demás, la Sefin parece que va para atrás. Como los cangrejos, vaya.

La Sefin de Blas Flores Dávila se ha convertido en un lodazal de arbitrariedades que rayan en lo abusivo e ilegal, sin que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) ponga un alto a los atropellos para acceder a la información pública. Datos que le pertenecen a usted y a mí, querido lector.

A continuación, tres ejemplos de cómo la Sefin se pasa la transparencia por el arco del triunfo:

PRIMER EJEMPLO. Quien esto escribe solicitó a principios de 2018 (inicios de la administración actual), vía transparencia (solicitudes 01260417 y 01260517), los contratos que realizó el gobierno estatal de Rubén Moreira para la compra de relojes a la empresa GHL Joyas relojes y muebles S.A de C.V. ¿A poco a usted no le interesa saber por qué el gobierno del estado gastó, a finales de la administración pasada, 427 mil 192.6 pesos en relojes de dama y caballero, según las órdenes de compra 427 y 487?

Yo no sé usted, querido lector, pero yo sí quería –y todavía quiero– saber por qué el dinero que pago en impuestos va a parar a la compra de relojes (quiero saber cuántos y de qué marcas). También quiero saber quién diantres los está usando.

La Subsecretaría de Finanzas respondió en los oficios SEFIN/UT/0025/2018 y SEFIN/UT/0030/2018 que entregaría la información sólo “en consulta directa”. Esta ha sido una práctica frecuente en la actual Secretaría de Finanzas: en lugar de entregar la información como se solicita –normalmente por medio del sistema de transparencia– el ente obligado pone la información disponible a “consulta física” en la ciudad de Saltillo, aunque el peticionario, como es mi caso, viva en otro municipio y aunque el documento se trate sólo de un contrato.

SEGUNDO EJEMPLO. Solicité a la Sefin, en noviembre de 2018 (folio 00899318), me entregara el contrato CE-905002984-E45-2018 para la adquisición de vehículos. Un contrato de más de 120 millones de pesos. Tan sólo en 2018 el gobierno de Miguel Riquelme Solís erogó más de 160 millones de pesos en la compra de vehículos nuevos (sin contar equipos de transporte) para abastecer a las secretarías.

En el oficio SEFIN/UT/1073/2018, la dependencia respondió que el contrato estaba en la bodega de archivo de la Dirección General de Adquisiciones, por lo cual se ponía a mi disposición el 13 de diciembre (2018) a las 9:00 horas.

No se concibe cómo arbitrariamente la Sefin decide no digitalizar un contrato cuando tiene obligación de hacerlo y entregarlo conforme a la petición del solicitante. No se concibe cómo, arbitrariamente decida cuándo y a qué hora ir a “consultar” el documento. ¿Y el derecho a la información? ¿Y si quien solicita la información viviera en Piedras Negras o Puebla?

La Sefin no entiende el principio de máxima publicidad, por el contrario, pareciera que proclama el principio de máxima obstaculización, fomentando una transparencia centralista, a modo y a conveniencia.

TERCER EJEMPLO. Advertencia, no haga corajes. En enero de este año solicité (folio 00030119) conocer el gasto en la contratación de renta de servicios aéreos, renta de aeronaves o taxis aéreos en 2018. Sin embargo, la dependencia reservó la información argumentando que entregarla ¡pondría en riesgo la vida, la seguridad de las personas y la seguridad del Estado!

La respuesta a la solicitud (oficio SEFIN/UT/117/2019) refirió que el acuerdo de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por Xavier Herrera Arroyo, subsecretario de Egresos, clasificó la información como reservada, una decisión con tufo a tiranía. Como si dijeran: “aquí mis chicharrones truenan y no me importa que en otros gobiernos hayan transparentado la misma información”.

AL TIRO

La reserva de la información, debería saber la Sefin, es una excepción y no una regla. Conocer el gasto en un servicio contratado no pone en riesgo a nadie.

Las tres solicitudes tienen recursos de revisión. ¿Y el ICAI? Simplemente hace como que la virgen le habla.