Los secretos incómodos de García Luna... benefició a empresarios dándoles datos privilegiados siendo titular de la SSP

El domingo 15 de noviembre de 2015, Genaro García Luna –el exsecretario de seguridad pública de México– fue multado por pasarse una señal de alto en una calle de Miami cuando conducía una camioneta plateada Mazda tipo SUV.

En el formulario de la multa, el oficial de la policía registró como dirección de García Luna una mansión de cuatro baños, cuatro cuartos y embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares.

La multa, hasta hoy desconocida, contiene una prueba clave de una relación de la que García Luna no ha querido hablar por años: su nexo con un corporativo de inteligencia que gozó de cuestionados privilegios en México cuando él estaba cargo de la Secretaría de Seguridad, según lo logró establecer Univision en asocio con el periodista Julio Roa del portal En la Politika. La corporación fue además favorecida con un contrato de adquisición de un programa para rastrear información e interceptar comunicaciones.

Los registros de residencia consultados por Roa prueban que García Luna se mudó allí en febrero de 2013, tres meses después de haber dejado su puesto como funcionario. Otros registros muestran a García Luna y su esposa como residentes de otro pent-house de lujo valuado en 2.3 millones de dólares, en Aventura, Florida, entre 2016 y 2018.

Ambas propiedades pertenecían en ese momento a un grupo empresarial propiedad de la familia Weinberg. El grupo, con presencia en Israel, Panamá, México y Estados Unidos, es uno de los principales proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.

Los Weinberg y García Luna son viejos conocidos. En una larga entrevista con Univision en Ciudad de México el cuatro de marzo, el empresario Alexis Weinberg dijo que su padre, Samuel Weinberg, conocía al exfuncionario desde la década de los 80, cuando García Luna comenzaba su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (Cisen).

"Mi papá conoció a Genaro desde que trabajaba en el Cisen, hace más de 30 años, desde que él era casi el que abría la puerta allí. Era un ingeniero que trabajaba en esa época como técnico", dijo Weinberg.

El empresario aceptó que García Luna había vivido en sus casas cuando se mudó a Miami al terminar su encargo público.

"La casa era parte de nuestras inversiones en Miami. Nosotros se la rentamos a Genaro. Hicimos un contrato y él nos hacía depósitos. Cuando pusimos en renta la casa, nos rentó el departamento e hicimos lo mismo", afirmó.

Weinberg aseguró que enviaría a Univision una copia del contrato y de algunos pagos de renta, pero no lo hizo. Negó que hayan sido socios en algún negocio, que hayan obtenido contratos o hayan sido beneficiados en algún modo por su amistad con García Luna.

Los Weinberg son propietarios de una compañía llamada Icit, que tiene presencia en Panamá, México y Estados Unidos. La filial mexicana utilizó el trabajo de funcionarios e información privilegiada de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de García Luna para distribuir reportes de seguridad o ganar clientes para otras áreas de su compañía, según lo relataron algunos exservidores públicos de esas dependencias en extensas entrevistas con Univision.

José Antonio Polo era entonces coordinador de asesores de García Luna. Al mismo tiempo, según los testimonios, era el jefe en Icit. En una entrevista con Univision, él admitió que conoció esa situación, pero se negó a ofrecer detalles “por una cuestión de confidencialidad”. Él dijo que nunca trabajó para Icit mientras estuvo como servidor público en el gobierno.

 

Sin que existiera un contrato entre Icit y la Secretaría, según los testimonios, la empresa enviaba los reportes a clientes especiales como bancos o empresarios basándose en información suministrada por debajo de la mesa por la Secretaría de Seguridad, agregaron los exfuncionarios y otros entrevistados que también trabajaron en la firma.

"Sí contratamos a exfuncionarios, pero no mientras seguían en sus cargos", dijo Weinberg en la entrevista. Más tarde en la conversación, añadió: "quizá hicieron algo para nosotros en fines de semana o en sus horas libres".

La firma utilizaba al menos un programa de seguridad israelí llamado NiceTrack que se vende a gobiernos y sirve, según su propio sitio web, para rastrear información, interceptar comunicaciones y rastrear a usuarios en su ubicación física.

Según documentos obtenidos por Univision, NiceTrack fue vendido en 2008 por la familia Weinberg a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su división de Policía Federal. Weinberg y su socio Natan Wancier lo aceptaron durante la entrevista para esta investigación. Sin embargo, negaron que se usara de manera anómala para acceder a datos confidenciales.

“Compramos para nuestro propio uso una versión de NiceTrack que se usa solo para rastrear información pública, como una búsqueda de Google. Es diferente a la que vendimos al gobierno’’, dijo Wancier. Univision no tuvo acceso para saber con seguridad qué versión específica de NiceTrack se utilizó en sus oficinas.

De acuerdo con varios correos obtenidos por Univision, Icit trabajaba simultáneamente con información pública y confidencial. Uno de los exempleados de Icit dijo que cuando se producía un arresto importante, lo sabía primero la empresa de seguridad que cualquier medio de comunicación.

“Que nos digan cuál es el cliente a quien le vendíamos esa información. Ese negocio de los reportes no nos funcionó. Perdimos mucho dinero”, replicó Wancier.

Una de las entrevistadas, que pidió no ser identificada por temor a represalias, explicó que a finales de 2011 varios empleados de la Secretaría fueron enviados a trabajar en un bunker de Icit en Ciudad de México. La nueva asignación se conocía entre ellos solamente como el "proyecto secreto".

“Los que eran tus compañeros ya no te hablaban, iban solamente un rato y otros ya nunca iban. Todos hablaban sobre el proyecto secreto”, dijo la exfuncionaria. “Me reclutaron poco después y supe que el proyecto secreto consistía en que yo seguía cobrando en la Secretaría, pero ahora estaba todo el día en una oficina y trabajando para unos señores”.

Los señores eran Mauricio y Alexis Weinberg, además de Natan Wancier, quienes son socios en más de una veintena de compañías en varios países. Ellos han sido beneficiarios de contratos de seguridad con el gobierno mexicano y son parte de un conglomerado de inteligencia que en 2010 vendió un programa de espionaje al gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá, según documentos obtenidos por Univision en colaboración con reporteros de La Prensa de Panamá.

"En Panamá vendimos un equipo. Si lo usaron bien o mal eso no depende de nosotros. El gobierno firmó un certificado de usuario final ante el gobierno de Israel y se comprometió a que sería un uso oficial y no privado", dijo Wancier sobre el contrato panameño.

“Un caso tan claro de colusión y de utilización de herramientas tecnológicas del Estado para fines privados, en beneficio comercial privado, creo que no se ha documentado hasta ahora”, dijo a Univision Luis Fernando García, director de R3D, al conocer cómo funcionaba la oficina alterna que operó Icit con funcionarios de seguridad de México.

R3D es una organización que ha documentado mal uso de software de seguridad contratado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas y activistas.

Ninguno de los entrevistados entregó algún documento que pruebe que García Luna conocía que sus subordinados trabajaron al mismo tiempo en el gobierno y en una oficina privada de sus amigos.

García Luna no respondió a peticiones de entrevista de Univision. Desde febrero pasado, la secretaria en su oficina ha respondido: sabemos de su solicitud de entrevista, por favor espere a ser contactado. Su compañía no ha respondido mensajes de Univision. En 2017, cuando Univision los buscó por primera vez para hablar de este tema, dijo que él negaba cualquier vínculo comercial con los Weinberg y que no había cometido actos de corrupción.

Su más reciente pronunciamiento se produjo en noviembre pasado  luego de que él fue mencionado en el juicio contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York. El testigo del gobierno Jesús El Rey Zambada, aseguró que García Luna recibió al menos 56 millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa. En una carta a los medios, él dijo que eran falsas las acusaciones en su contra.

El proyecto secreto La oficina utilizada para el “proyecto secreto” era un búnker con estrictas medidas de seguridad. La locación era discreta: un edificio residencial en el barrio de Polanco, en la capital mexicana. Antes de contratar a otra de las empleadas entrevistadas por Univision le dijeron, según ella, que su trabajo consistiría en recibir información de seguridad, analizar publicaciones y elaborar informes para los clientes.

Poco tardó en enterarse de que las síntesis informativas que recibía eran las mismas que leía el presidente de México.

"La información de la Secretaría nos la proporcionaban a nosotros vía correo electrónico”, recordó la mujer. “Era información sobre todo de narcotráfico y crimen organizado, información que no estaba en los medios”.

La exempleada dijo a Univision que le tomó casi seis años decidirse a contar su historia. Aún tiene miedo al relatar cómo participó de un negocio privado en el que trabajaron las personas de mayor confianza de García Luna, entonces identificado por el gobierno como el adalid de la guerra contra el narcotráfico en México.

Según los testimonios y documentos, Icit operó con funcionarios de la Secretaría durante el año 2012, cuando al menos diez de sus empleados aún eran servidores públicos de varias oficinas de gobierno dentro de esa Secretaría.

"El lapso de la ley es de un año. Existe una restricción legal para que los funcionarios públicos que dejan el cargo no utilicen la información que tenían bajo su cuidado o bajo su custodia para obtener beneficios privados propios o de sus parientes más cercanos", dijo Fernando Martínez, actual director de responsabilidades administrativas en la Secretaría de la Función Pública.

Univision habló con seis fuentes, tres de ellas exfuncionarios del gobierno, que trabajaron en Icit durante el último año del gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón.

Al ser contactado por Univision para hablar de este caso, Calderón respondió: “No conozco la empresa que mencionas, tampoco recuerdo haberla oído mencionar, tampoco tengo conocimiento de que los hechos que mencionas hubiesen ocurrido. Por lo mismo tampoco me gusta especular ni opinar sobre situaciones que no conozco que sean ciertas, aun hipotéticamente”.

La fuentes confidenciales entregaron a Univision transferencias de pago de sueldo, documentos y correos electrónicos que muestran cómo los funcionarios daban instrucciones de trabajo en Icit desde sus correos electrónicos oficiales en el gobierno, en días y horas laborales.

De acuerdo con una de las fuentes, parte de los trabajos solicitados consistió en destruir carpetas de negociación de contratos del sistema penitenciario, controlado por Seguridad Pública, en septiembre de 2012.

"Cuando comenzamos a triturar era de día, después de la comida. Terminamos ya muy noche. Destruimos tantos documentos que se rompió la máquina trituradora”, relató. Otras dos fuentes añadieron que esto sucedió en medio de un pasillo en la Secretaría, a la vista de muchas personas.

Esta operación ocurrió como parte de su trabajo regular en la Secretaría, pero la fuente asegura que se sintió en la obligación de hacerlo, porque formaba parte del “proyecto secreto”.

Personas, información y software Las oficinas de Icit estaban distribuidas en tres localidades de los barrios de la Condesa y Polanco en Ciudad de México. Los servidores públicos se integraron a las divisiones de análisis, datos y control de confianza. Los testimonios coinciden en que en todas las áreas usaban información, recursos y personal del gobierno.

Por ejemplo, si una empresa privada requería de pruebas de confianza de sus empleados, Icit utilizaba el mismo personal que practicaba dichas pruebas a policías federales, así como los formatos de evaluación y los proveedores, según las fuentes.

De acuerdo con los exfuncionarios, la división era dirigida por Vanesa Pedraza, en ese momento encargada de la misma área de control de confianza en la coordinación de asesores de Seguridad Pública. Dos fuentes confidenciales dijeron que ella era la encargada en la Secretaría de invitar a los funcionarios para integrarse al “proyecto secreto”. Ella no contestó una solicitud de entrevista de Univision.

"Nosotros compramos nuestros propios polígrafos, nuestro propio material. Por supuesto, los contratamos a ellos porque sabían hacerlo, pero después de que terminó el sexenio”, aseguró Wancier.

La sección de análisis producía fichas personalizadas a los clientes para tomar decisiones sobre socios potenciales y riesgos de las zonas donde planeaban instalarse.

Dos personas que trabajaron con esa área de Icit afirmaron que una parte de la información de esas fichas la obtenían de Plataforma México. Esta plataforma era la gran base de datos de los organismos de seguridad nacional mexicana.

Durante la entrevista con Univision, Weinberg y su socio negaron enfáticamente que tuvieran conocimiento de que en su compañía se hubiera utilizado información de Plataforma México. “Que nos muestren que nosotros les hayamos ordenado hacer eso. Si lo hicieron, fue a nuestras espaldas”, dijo Wancier.

Los correos electrónicos muestran que en esa área de Icit trabajó Jorge Uribe. En esos meses, Uribe también dirigía proyectos de investigación en la coordinación de asesores de la Secretaría. Uribe respondió en un primer momento mensajes para una entrevista, pero dejó de hacerlo después de saber que sería sobre su trabajo en Icit.

Después de trabajar en Icit, él volvió a la administración pública para dirigir la unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Ahora trabaja en una firma privada de seguridad.

En un correo electrónico de septiembre de 2012, Uribe enlista a los empleados bajo su cargo en Icit. Especifica que una de ellas estaba encargada de fuentes cerradas, el nombre con el que se le conoce comúnmente a los datos que administran las agencias de inteligencia.

La persona que estaba a cargo de datos cerrados en Icit había sido empleada del gobierno en áreas de seguridad desde 1994. Según registros públicos, en ese momento de 2012 coordinaba análisis de información en el sistema de desarrollo policial de la Secretaría.

En los correos obtenidos para esta investigación se observa que cada mañana, Polo, el entonces coordinador de asesores del secretario García Luna, enviaba a los operadores en Icit las síntesis informativas que llegaban de la Secretaría o de Presidencia a su oficina, para que se basaran en ellas y alertaran a sus clientes. Polo actualmente dirige la organización civil Causa en Común.

"Lo que leía el presidente de México era lo mismo que leían los clientes, nada más se refrescaba en la oficina y se modificaba un poco. No nos daba tiempo a más. Éramos tres gatos y querían que funcionáramos como una redacción”, añadió otra fuente.

"Mi oficia no estaba a cargo de cuestiones operativas ni administrativas, mi gente no manejaba información confidencial”, dijo Polo en entrevista.

Una exsubordinada de Polo explicó que fueron invitadas a trabajar a Icit con una promesa laboral.

"Nos convencieron diciéndonos que nos estaban cuidando para que no nos quedáramos sin trabajo cuando terminara el sexenio”, dijo.

Software para gobiernos Los empleados de Icit usaban NiceTrack, un software de análisis de datos israelí que se vende a gobiernos, de acuerdo con las comunicaciones obtenidas para esta investigación.

"No podían comprarlo directamente, pero lo compró la Secretaría y nosotros lo usábamos en Icit”, dijo otra persona que estuvo en ese año.

En un correo electrónico de 2012, Uribe indicó a los empleados de Icit que pronto vendrían asesores desde Israel para orientarlos en las búsquedas en NiceTrack y que podrían “generar reportes diarios o con la frecuencia que lo requieran”. En esa misma comunicación, explicó que el sistema operaría “desde un acceso remoto, en otro edificio”.

Las instrucciones fueron para los empleados de Icit que no formaban parte del gobierno y que no estaban familiarizados con la herramienta, explicó uno de los entrevistados.

"Éramos empleados simples, nunca habíamos recibido capacitación de seguridad ni nada por el estilo", dijo una de las empleadas de Icit que fue parte del proyecto pero nunca trabajó para el gobierno.

Los Weinberg habían vendido este programa en 2008 a la Secretaría a través de una de sus empresas llamada Nunvav, que comparte oficinas en México y Panamá con Icit.

"Somos amigos (de García Luna), pero no por eso tuvimos contratos en el gobierno. Nosotros vendimos tecnología a la Policía Federal, vendimos a otras áreas, pero nunca hemos cobrado una comisión más alta que en el resto del mundo’’, aseguró Weinberg.

Las instrucciones fueron para los empleados de Icit que no formaban parte del gobierno y que no estaban familiarizados con la herramienta, explicó uno de los entrevistados.

"Éramos empleados simples, nunca habíamos recibido capacitación de seguridad ni nada por el estilo", dijo una de las empleadas de Icit que fue parte del proyecto pero nunca trabajó para el gobierno.

Los Weinberg habían vendido este programa en 2008 a la Secretaría a través de una de sus empresas llamada Nunvav, que comparte oficinas en México y Panamá con Icit.

"Somos amigos (de García Luna), pero no por eso tuvimos contratos en el gobierno. Nosotros vendimos tecnología a la Policía Federal, vendimos a otras áreas, pero nunca hemos cobrado una comisión más alta que en el resto del mundo’’, aseguró Weinberg.

Luis Fernando García, director de R3D explicó que este programa permite en un primer momento la localización geográfica de personas y de dispositivos de comunicación. También podría permitir la intercepción de comunicaciones y de tráfico de Internet, añadió.

“Es bastante preocupante que una herramienta con estas potencialidades estuviera siendo utilizada por personas que no son parte del servicio público, o que sí lo son, pero siendo utilizada para fines privados’’, señaló García. “Genera muchos cuestionamientos respecto de la potencial criminalidad de esta operación”, agregó.

Nunvav es la misma compañía que en 2010 y 2011 cobró 14 millones de dólares por la venta en Panamá del software PSS, utilizado por el gobierno de Ricardo Martinelli para espiar a opositores y diplomáticos, según documentos judiciales.

Wancier aseguró que ellos fueron investigados en Panamá pero nunca resultaron inculpados por el caso Martinelli.

Responsabilidades legales Nunvav ha vendido equipo y software de seguridad en México durante la última década y aún tienen algunos contratos vigentes y en espera de cobro, según dijeron a Univision. En los últimos años, se convirtió en proveedor oficial del gobierno de Nuevo León y de Tamaulipas. En septiembre de 2016 firmó un contrato de capacitación sobre el sistema penal acusatorio y competencias policiales básicas con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

Una de las entrevistadas que trabajó solo en Icit y no en el gobierno dijo que renunció a su trabajo cuando entendió que corría un riesgo legal. “Un día después de una discusión pregunté a mi jefe si lo que estábamos haciendo era ilegal y si nos podíamos ir a la cárcel y me dijo que sí. Ese día supe que tenía que irme”, relató.

Otros entrevistados salieron de la compañía entre finales de 2012 y mediados de 2013. Ellos dijeron que el estrés de haber trabajado allí fue tal que debieron pasar después varios años en terapia psicológica.

"En 35 años que tenemos con la empresa nunca nos han encontrado ninguna ilegalidad", dijo Weinberg. Hasta ahora, no hay indicios públicos de que estas empresas hayan sido investigadas por ninguna actividad criminal.

La ley en México establece que las faltas administrativas pueden ser investigadas solo en los cinco años posteriores a que fueron supuestamente cometidas.

Univision consultó los detalles de este caso con la Secretaría de la Función Pública, la autoridad encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos en México. El director de responsabilidades de esa institución, Fernando Martínez, dijo en entrevista que el caso podría ser investigado, aunque haya sucedido en 2012, por la permanencia de las compañías en otros negocios posteriores.

Afirmó: “La investigación se hace incluso cuando ya no son funcionarios o servidores públicos, pero en el momento en el que se cometió la posible falta administrativa sí eran servidores públicos y por lo tanto les aplica la ley”.

*Gerardo Reyes y Alejandra Pérez contribuyeron con esta investigación.