Más desplazados de Guerrero llegan a Palacio Nacional; les dicen que no darán 'atención especial'

Un grupo de 56 desplazados del estado de Guerrero, 19 de ellos menores de 14 años, se sumó este martes a las 300 personas que estaban ya en plantón frente a Palacio Nacional, desde hace tres semanas, en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba y puedan plantearle las demandas de retorno a sus comunidades o de reubicación.

Los recién llegados son del municipio de Heliodoro Castillo, de las comunidades de Pueblo Viejo, Vuelta del Sur y La Guitarra.

Hace un año, los obligó a salir de sus poblados el mismo grupo armado ligado a varios cárteles que en noviembre causó los desplazamientos en Tlaltempanaca, municipio de Zitlala, y en ocho comunidades de Leonardo Bravo, donde vivían los otros 300 desplazados que están en plantón en la Ciudad de México.

“Los de Heliodoro Castillo tienen ya más de un año fuera de sus comunidades. Han andado buscando cómo rentar una casita, cómo hacerle para seguir su vida, pero está difícil, y el gobierno estatal no les da solución, como tampoco nos la dio a nosotros, por eso se vinieron para acá a exigir que los reubiquen”, explicó Crescencio Pacheco, desplazado de la comunidad de Campo de Aviación, en Leonardo Bravo, y vocero de los afectados.

El primer grupo que llegó a instalarse afuera de Palacio Nacional desde el 17 de febrero, en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dé audiencia, afirma que aun cuando el mandatario aseguró el 4 de marzo durante su conferencia de la mañana que ya se les estaba atendiendo, solo los han recibido funcionarios de la subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero no les han planteado solución a sus demandas.

Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), quien da acompañamiento a los afectados, contó que el jueves 7 tuvieron una reunión con Neftalí Granados y Félix Santana, a quienes se designó como enlaces para atenderlos. 

“Les presentamos una propuesta de atención humanitaria, lo que supuestamente le toca a esta subsecretaría. Los afectados pidieron ayuda para pagar la renta de una vivienda, por  familia, mientras el gobierno prepara las condiciones para que puedan regresar a sus comunidades o ser reubicadas”.

También solicitaron apoyo para acondicionar las casas, para comprar camas, sillas, y una cantidad mensual para despensa alimenticia. Los desplazados han denunciado que debieron huir de sus comunidades con muy pocas pertenencias, y que sus casas han sido saqueadas por los grupos armados que tomaron el control del corredor Filo de Caballos- Casa Verde, la puerta de entrada a la sierra de Guerrero.

“Los desplazados se han quedado sin nada, sin casa, sin muebles, sin trabajo, por eso las demandas presentadas al gobierno incluyen esos apoyos”, señaló Olivares. Sin embargo, aseguró, la respuesta de las autoridades es que no hay recursos para cubrir los requerimientos.

Los desplazados están solicitando 10 mil pesos mensuales por familia (son alrededor de 80) para cubrir los costos de renta y alimentación, en tanto su situación se normaliza.

“El gobierno no quiere hacer ese gasto, pero tampoco preparan las condiciones para que la gente armada que tiene tomadas las comunidades del municipio de Leonardo Bravo se repliegue y los desplazados puedan volver a sus casas, y tampoco les da solución a los pobladores nahuas de Tlaltempanaca, municipio de Zitlala, que piden ser reubicados”, denunció el activista del Centro Morelos.

Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Segob, aseguró en entrevista que los recursos para despensa están garantizados.

“Lo que vemos más complejo es el pago de las viviendas porque eso implicaría un costo por mes. Además, no podemos darle atención privilegiada a un grupo de víctimas sobre los demás. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de atender a todos los desplazados del país y para eso se está preparando una estrategia integral, pero ésta a traviesa por un diseño institucional de largo aliento. Recomponer el escenario no va a ser sencillo, son varios años de descomposición”.

El funcionario detalló que están en la fase de diagnóstico, ubicando zonas y causas. El problema es muy complejo, aseguró, “tan solo en el caso de Guerrero, el eventual retorno atravesaría por el desarme y la pacificación de la zona. Hemos identificado más de una docena de grupos del crimen organizado que coexisten en esa área y eso hace complicado el retorno”.

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