‘Más que castigo, la ciudadanía pide que se regrese lo robado’

Actualmente, la ciudadanía lo que exige es que los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción reintegren el daño al erario, más que pretender que sean castigados, consideró Antonio Sánchez Urrutia, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.

Ayer se llevó a cabo el Primer Seminario de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, donde participaron los titulares de los tribunales de Justicia Administrativa de todo el país.

En el mismo también participó Sandra Rodríguez Wong, presidenta del TJA de Coahuila, quien habló sobre la experiencia de Coahuila, donde al mismo tiempo se trabajó en la competencia fiscal, administrativa y del sistema anticorrupción, dentro de la integración del organismo.

“Coahuila fue el último Estado en que se instaló el Tribunal, pero es el primero, que aunque empezó tarde, instaló todo el sistema en cuatro meses”, destacó.

En este proceso, no repitieron las experiencias de otros estados, donde tuvieron que hacer adiciones a sus leyes, y aquí se apegaron a las recomendaciones emitidas por el Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo.

De su lado, Sánchez Urrutia dijo que sería conveniente que se promovieran los medios alternativos de solución de controversias, no solamente en el procedimiento de sanción administrativas graves, sino para todas las situaciones”, añadió el magistrado.

Dijo que los tribunales resuelven temas administrativos, fiscales y responsabilidad, pero en este proceso debe haber una pausa para invitar a los justiciables y a las mismas autoridades a llegar a una solución.

“Porque si no nos vamos a llenar (de expedientes) y eso va a seguir el mismo camino que hemos vivido en los tribunales ordinarios; que se crean más tribunales, más personal, y nunca va a acabar; se incrementa el número de conflictos.

“Es una muy buena propuesta. A la ciudadanía le interesa resarcir el daño: si voy a imponer una sanción administrativa por su conducta, a la ciudadanía no le va a servir mucho, sin embargo, pudiera legislarse para disminuir la sanción y que de manera pronta pudieran resarcir los daños y perjuicios ocasionados”, estimó.