México pierde en sobornos hasta 10% de su PIB; es cinco veces más que el promedio mundial
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La OCDE calcula que los sobornos cuestan al país 2.3 billones de pesos, casi el triple de lo que el gobierno federal gasta en pensiones cada año
México pierde en sobornos hasta 10% de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra que representa una pequeña parte de la corrupción total, señaló Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina.
Al participar en el IMEF Business Summit 2018, realizado en esta ciudad, señaló que estos recursos se pierden al no ir a áreas de interés público o de inversión pública para el bienestar y desarrollo.
Con base en los cálculos de la OCDE, ese costo equivale a 2.3 billones de pesos, casi el triple de los recursos que el gobierno federal gasta al año por pago de pensiones.
Martínez Yllescas sostuvo que el dato es cinco veces mayor a las pérdidas por corrupción que hay en promedio a nivel mundial, que ascienden a 2% del PIB global.
Por separado, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que el organismo apoyará cualquier política pública que busque reducir la corrupción en el país.
SOBORNOS, EL MAYOR PROBLEMA
México pierde hasta 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en sobornos, los cuales representan sólo una pequeña parte de la corrupción total en el país, informó Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina.
Al participar en el IMEF Business Summit 2018, explicó que este costo es cinco veces mayor a las pérdidas por corrupción que se registran en promedio a nivel mundial, que ascienden a sólo 2% del PIB global, lo que representa una situación alarmante.
"En México el costo económico atribuible a la corrupción alcanza entre 5 y 10% del PIB, eso es verdaderamente alarmante porque son recursos que se pierden, que no van a ningún lado, no van a las áreas de interés público ni de inversión pública para el bienestar y el desarrollo”.
De acuerdo con las estimaciones de la OCDE, el costo es equivalente a 2.3 billones de pesos, que representan casi el triple de los recursos que cada año gasta el gobierno federal en el pago de pensiones.
De manera que la disminución del nivel de corrupción se traduciría en un mayor crecimiento económico, competitividad y productividad.
MEDICIONES
Martínez Yllescas precisó que la OCDE ha desarrollado herramientas que permiten identificar si la corrupción en el país ha aumentado o disminuido a lo largo del tiempo, una de ellas es el Coeficiente de Integridad Pública.
Una mejora en el índice de integridad que nosotros hemos construido lleva a un incremento de entre 0.59 y 0.86% en la tasa de crecimiento del PIB per cápita, lo cual nos hace entender que el retorno económico de combatir la corrupción es muy significativo y por lo tanto amerita todos los esfuerzos más allá del ámbito público, también por parte de los actores privados y de la sociedad civil”.
El directivo adelantó que los resultados de la última evaluación de integridad pública en México serán dados a conocer entre el 7 y 8 de enero de 2019; documento en el que se enlistarán una serie de recomendaciones al nuevo gobierno para reducir la corrupción en el país y apegarse a las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y uso de los recursos públicos.
Recalcó que la corrupción debilita la capacidad del Estado para producir, causa ineficiencia en el uso de de recursos públicos, mutilanla efectividad de las políticas sociales y baja calidad de la infraestructura.
Además, dijo, la corrupción encarece la inversión pública y genera sobre costos a las empresas privadas, de ahí la necesidad de combatir este fenómeno para ser más competitivos a nivel internacional.
Resaltó que, si bien la OCDE es respetuosa de las políticas públicas que pretende llevar a cabo el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, mantendrá un diálogo abierto con las autoridades para colaborar en en análisis técnico y de impacto social y económico para reducir la corrupción.
APOYARÁN POLÍTICAS CONTRA ESTE DELITO
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apoyará cualquier iniciativa o política pública que busque reducir la corrupción y mejorar el estado de Derecho en el país, anunció Gustavo de Hoyos Walther, presidente de esta cúpula empresarial.
Al participar en el IMEF Business Summit 2018, el dirigente indicó que la corrupción es un problema que debe atenderse, por lo que cualquier iniciativa que vaya encaminada a combatirla contará con el respaldo de los empresarios; sin embargo, resaltó que hay dudas sobre la conducción de la política pública en este sentido así como alertas respecto al tratamiento que se dará a los temas económicos.
Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta del presidente electo para tratar de combatir la corrupción. Cualquier iniciativa en el Estado de derecho que avance en esta dirección ciertamente tendrá el apoyo de los ciudadanos y particularmente de Coparmex. Desafortunadamente, declaraciones recientes como la amnistía general son señales que no tienen convicción con esa oferta política”.
Agregó que la Coparmex coincide plenamente con el plan nacional de seguridad planteado por el próximo mandatario, aunque hay preocupación por el abuso que se pudiera generar de las fuerzas federales.
Por otra parte, recalcó que los mensajes y acciones del presidente electo y de su grupo parlamentario han generado una serie de dudas sobre la conducción económica.
CRECIMIENTO SE FRENARÁ EN 2019
Para el siguiente año la economía mexicana crecerá menos que durante 2018, desaceleración que puede considerarse como normal, por el cambio de administración federal, señaló Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
En el marco del IMEF Business Summit 2018, señaló que el dinamismo económico para el próximo año se ha venido ajustando a la baja durante las últimas semanas debido a la tendencia de las proyecciones económicas globales, pero también por la transición política.
El organismo ajustó de 2.1 a 1.8% su pronóstico de crecimiento del PIB de 2019, lo que si bien representa una desaceleración, es natural y está en línea con el menor dinamismo registrado durante el primer año de gobierno de otras administraciones.
