Mientras se contrataba deuda de Coahuila, SATEC empleaba gente para simular labores; revela investigación de MCCI

A través de una investigación realizada por ‘Mexicanos Unidos contra la Corrupción’, un grupo de periodistas sustentó que el Sistema de Administración Tributaria de Coahuila –por donde se hizo la contratación de los créditos- funcionó como una “dependencia fachada”, pues en las declaraciones del único caso sentenciado, los empleados de la misma aseguran que fueron contratados para “no hacer nada”, a pesar de notar un serio déficit en las finanzas del Estado.

El reportaje de investigación titulado “Mega Deuda en Coahuila: Justicia Simulada”, tuvo acceso a la sentencia en primera instancia que recabó los testimonios en la causa penal 76/2011, donde se acusa a dos trabajadores de Javier Villarreal por delito equiparado al de fraude al encabezar la contratación ilícita de un crédito de mil millones de pesos, del que fueron absueltos.

“Aunque me es penoso decirlo, yo iba a no hacer nada honestamente porque me involucraban muy poco en el trabajo de la oficina de Políticas Públicas”, declaró en la causa penal un funcionario ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que fue contratado en el lapso en el que se pactó la adquisición del crédito.

En otra de las declaraciones, un funcionario más de dicha dependencia, agregó que aunque su función era el análisis financiero, sus superiores no lo dejaban participar, al mismo tiempo que escuchaba sobre pactos de contratos en condiciones desfavorables para las arcas.

“A mí me tenía excluido en participar en este tipo de actividades que, aunque era mi función como ya lo mencioné, analizar tasas de interés y condiciones del mercado no se me asignaban estos proyectos, no obstante que yo intenté participar en estos trabajos. Llegué a escuchar que pactaban contratos en condiciones muy altas o desfavorables para Coahuila, pero yo no podía tener participación en esas decisiones”, expresó un testimonio más de la causa penal que logró absolver a los acusados en dos instancias.

Dicha causa, estuvo derivada de dos denuncias hechas por la bancada del PAN en la Legislatura local de ese entonces y por el Gobierno del Estado con el interino Jorge Torres López, y en ella se detalla que la contratación del crédito los mil millones de pesos, fue firmada por Fausto Destenate Kuri del CEAS, dependencia que sirvió para endosar el ingreso ante el banco Santander.

Sin embargo, aunque se ha mencionado que los documentos que se presentaron ante la institución bancaria  son apócrifos, la investigación recuperó documentos en los que se puede observar que incluso dicho contrato, se hizo sin el decreto que debía ser publicado en el Periódico Oficial de Coahuila.

“De acuerdo a la sentencia, el titular de la CEAS y el subadministrador de Políticas Financieras del SATEC, Fausto Destenave Kuri y Enrique Ledezma Sánchez, respectivamente, se presentaron en el banco. Destenave fue a firmar el crédito que debía  incluir  como anexo el supuesto decreto número 476 para cubrir este requisito”, narra la investigación.

“En la denuncia presentada por el PAN a la que se tuvo acceso, se observó que este documento aún no existía y el verdadero decreto 476 fue publicado hasta el 19 de abril del 2011, pero no es sobre la deuda, sino una ratificación como cuarta regidora del Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, de Deyanira de la Cruz; es decir que los servidores públicos falsearon información para obtener mil millones de pesos en créditos bancarios”, afirma MCCI.

De acuerdo con el reportaje, del endeudamiento de Coahuila hay otras siete denuncias, de las cuales seis fueron interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y otra más por Acción Nacional, mismas que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, todavía se encuentran en proceso.

Armín José Valdés Torres, magistrado de la Sala Penal del Poder Judicial de Coahuila, dio una entrevista a las periodistas de la investigación donde desconoció los motivos por los cuales la causa penal acreditó en el delito de la causa 76/2011, la modalidad de “simulación de acto jurídico”, pese a que no hubo ni siquiera se falseó el documento; y en esto, manifestó que el delito investigado debió ser de peculado; mismo que prescribe con el paso del tiempo.

 “Sobre todo cuando se mete directamente la mano a la caja, que es lo que sucedió; desgraciadamente, como para hacer más tortuosa la investigación, se fue por simulación de acto jurídico y no por peculado”, dijo Armín Valdés a MCCI.