Ordenan al Cisen abrir contratos sobre "Pegasus"

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entregar los contratos y convenios suscritos con empresas proveedoras de software para intervenir comunicaciones y hacer una búsqueda de aquellos relacionados con la adquisición del programa "Pegasus".

Lo que un ciudadano solicitó dicha información, pero el CISEN señaló que no localizó expresión documental relacionada, pues dentro sus facultades no se encuentra la investigación de individuos, sino de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, de acuerdo con la Ley en la materia.

La comisionada Areli Cano afirmó que la transparencia y el acceso a la información juegan un papel fundamental para verificar la manera en que el Cisen ejerce su atribución de intervenir las comunicaciones de los particulares con apego a la legalidad, a fin de combatir las amenazas a la seguridad del país.

"En este caso, el derecho a saber resulta un medio idóneo para tener conocimiento de la tecnología utilizada en labores de seguridad, a partir de los contratos correspondientes, así como de las condiciones, los proveedores y los costos de adquisición, rubros que podrían desprenderse de los documentos requeridos por el particular", destacó.

En el análisis del caso, se determinó que no existe certeza del criterio de búsqueda utilizado por el Cisen, toda vez que se limitó a la literalidad de la palabra "espionaje" y acotó la interpretación de lo peticionado a los alcances legales de dicha actividad.

Se comprobó que el sujeto obligado omitió tomar en cuenta que, como integrante del Sistema Nacional de Seguridad, en su labor de inteligencia, el órgano desconcentrado de Gobernación cuenta con atribuciones para intervenir comunicaciones privadas, lo cual debe ser autorizado por la autoridad judicial, siempre y cuando esté dentro de uno de los supuestos previstos como amenazas a la seguridad de la nación.

Se advirtió que, si bien el solicitante hizo alusión a un software para espionaje, lo cierto es que los particulares no están obligados a conocer, ni a usar los conceptos jurídicos precisos, y mucho menos sus implicaciones.