Pagarán 1.5 mdp a familia de migrante asesinado por elemento policiaco en Saltillo, lo vinculan a proceso
Hugo Morales Valdés, titular de la CDHEC reveló que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas calculan la indemnización
Por: CAROLINA VIVEROS/ARMANDO RÍOS
Mientras la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) calcula que la reparación del daño para la familia de Marco Tulio, el migrante hondureño asesinado, sería de al menos 1.5 millones de pesos, una jueza vinculó a proceso al agente ministerial por el delito de homicidio calificado con ventaja.
Hugo Morales Valdés, titular de la CDHEC reveló que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas calculan la indemnización.
El Ombudsman refirió que la ley es clara en torno a la reparación del daño y marca cálculos que se realizan a partir de diversas circunstancias y agravantes que ya analizan junto con la CEAV y su titular, Magdalena López Valdez.
Morales detalló que dentro de la CDHEC se analiza el caso de tres víctimas indirectas, todos centroamericanos, que estaban con el fallecido y su hija durante el ataque, a quienes la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está asesorando para acceder a la reparación del daño.
Juan Carlos “N”, el policía vinculado a proceso, el Gobierno del Estado y la propia Fiscalía General, a cargo de Gerardo Márquez Guevara, deberán de efectuar la reparación del daño como lo marca la ley.
Se espera que en las próximas semanas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publique un informe que englobará todo el proceso y datos relacionados con el asesinato de Marco Tulio, cometido el pasado 31 de julio en la colonia San Miguel.
Ayer, en una audiencia que corrió el riesgo de suspenderse tras la demora de las partes, la jueza Lilia Sánchez escuchó los alegatos del ministerio público y de los defensores de Juan Carlos N.
Los abogados de Juan Carlos solicitaron la no vinculación a proceso, sin embargo, con las pruebas testimoniales, periciales emitidas por las autoridades, la jueza acreditó que el imputado violó los códigos que marca la Ley Nacional sobre Uso de Fuerza.
