Los delitos sexuales contra menores no pueden ser tolerados, y toda conducta contra un ser indefenso debe ser investigada y castigada

Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos: existen delitos cuya comisión ofende en forma particular a la sociedad y entre estos se encuentran, en destacada posición, aquellos cometidos en contra de los menores de edad, particularmente los de 
carácter sexual.

Y es que las prácticas de abuso sexual en contra de menores -niños y niñas- ponen de manifiesto la peor parte de la naturaleza humana y evidencian la dificultad para establecer fronteras respecto de las conductas que el hombre puede llevar a cabo.

Por ello, los delitos sexuales cometidos en contra de menores no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser tolerados por la sociedad ni las autoridades y toda conducta que atenta contra de la integridad de un ser indefenso -como lo es un menor de edad- debe ser investigada y castigada, sin excepciones ni concesiones de ningún tipo.

Esto último implica, entre otras cosas, que la condición -personal, profesional o de pertenencia a una organización- de quien comete el delito no puede constituirse en escudo o parapeto que impida la actuación de la justicia.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a las declaraciones realizadas por el Gobernador del Estado en el sentido de que pedirán al obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, que revele los nombres de los sacerdotes pederastas cuya existencia él mismo “denunció” hace tiempo.

“Vamos a levantar una averiguación y le vamos a pedir (a Vera) que aporte la información necesaria. Yo creo que él es un hombre muy valioso para la comunidad y sería bueno que diera datos específicos, de esos y de otros delitos que él ha asegurado que se cometen o que se han cometido, como los relacionados con la pederastia…”, dijo Rubén Moreira.

Como se sabe, Raúl Vera dio a conocer, en una de sus homilías, la existencia de sacerdotes pederastas en la Diócesis a su cargo, pero se ha negado sistemáticamente a revelar la identidad de los mismos asegurando que los padres de los menores le han pedido que no de a conocer la información “para proteger a sus hijos”.

Ahora, de acuerdo con el titular del Ejecutivo estatal, se habría tomado la determinación de investigar el hecho y demandar del clérigo el aporte de la información que conoce respecto de los presuntos delincuentes.

Valdrá la pena, por supuesto, que la manifestación del Mandatario Estatal constituya un compromiso público en contra de la impunidad de la cual han gozado los sacerdotes que habrían abusado de menores durante su estancia en Saltillo y que eso se traduzca en la efectiva realización de una investigación que lleve a los sacerdotes inculpados ante la justicia.

Ha pasado mucho tiempo desde que se hizo pública la “denuncia” de Raúl Vera. Es tiempo de que las autoridades responsables de la procuración de justicia actúen y lo hagan en la única dirección posible: integrando una averiguación que conduzca a la identificación de los presuntos pederastas y su enjuiciamiento.