El país gastará un billón 64 mil millones de pesos en el pago mensual a extrabajadores de Pemex, CFE e IMSS, entre otras instancias, el monto más alto en la historia para el rubro. Foto: Tomada de Internet
El país gastará un billón 64 mil millones de pesos en el pago mensual a extrabajadores de Pemex, CFE e IMSS, entre otras instancias, el monto más alto en la historia para el rubro

El próximo año, el país erogará casi uno de cada cuatro pesos del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad en cubrir el pago a pensionados y jubilados, por lo que el monto para este rubro ascenderá a un billón 64 mil millones de pesos, según  el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

El gasto representa una “bola de nieve” para la nación, pues crece un promedio de 7% real cada año, debido al envejecimiento de la población y los privilegios de las pensiones públicas, asegura Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Además de la presión fiscal por el pago de pensiones —que de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda aumentará de 4.2 a 5.3% del PIB entre 2020 y 2026—, el gasto en pensiones es también inequitativa, ya que los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reciben en promedio 77 veces más recursos que los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, afirma la especialista.

PENSIONES, BOLA DE NIEVE PRESUPUESTAL

Por primera vez en la historia México ejercerá un billón 64 mil millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones de los distintos regímenes de beneficio definido, lo que implicará que el país gastará casi uno de cada cuatro pesos (23%) del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad (gasto programable) en cubrir la mesada de los pensionados, también la proporción más alta de la historia en este concepto, revelan cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Es un gasto que crece como bola de nieve, del orden del 7% real cada año, debido a nuestra transición demográfica y los privilegios de las pensiones públicas. Aparte de que literal ‘se come’ el espacio fiscal porque cada vez hay menos recursos para funciones esenciales como salud, educación o seguridad, el gasto en pensiones es también profundamente injusto, pues los pensionados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro reciben en promedio 77 veces más que, por ejemplo, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores”, explicó a Excélsior Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En los Criterios Generales de Política Económica, la Secretaría de Hacienda prevé que la presión fiscal del pago de pensiones pase de 4.2 a 5.3% del PIB entre 2020 y 2026, lo que implicará que pase de 21.9% del gasto programable este año a 29.9% hacia 2026.

Esta presión fiscal seguramente será mayor que los cálculos del Paquete Económico 2021. Ahí no se tiene en cuenta la eventual reforma a las afores, que, aunque el gobierno diga que no trae costos fiscales adicionales, considero que sí los tendrá porque incrementará la cobertura de la pensión mínima garantizada. Tampoco en este cálculo se tiene en cuenta efecto que tendrá la contrarreforma pensional de la CFE que reduce la edad de pensión para sus trabajadores”, añadió Macías.

DERECHOS

La especialista del CIEP reconoció que es muy complejo mitigar el impacto fiscal del gasto en pensiones, pero considera que pueden existir vías legales para hacerlo.

Un grupo de ciudadanos podríamos elevar una solicitud de estudio de los derechos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demostrar cómo el Estado mexicano incumple con garantizar distintos derechos, como la salud, educación o seguridad por el bajo presupuesto que le asignan, en parte porque debemos destinar cada vez más a pagar pensiones”, expresó Macías.

Explicó que una acción así tendría que provenir de las personas afectadas por la situación actual, que son quienes no tendrían los mismos beneficios de las pensiones públicas (generación afore e informales), además de aquellos a quienes tampoco se les garantiza el acceso a derechos sociales por insuficiencia presupuestal por tener que destinar más recursos al pago de pensiones.

Mientras en la ciudadanía no exista una presión para que nos garanticen el acceso a los derechos, el gobierno hará con el presupuesto lo que quiera. El statu quo en el tema de la bomba pensional continúa porque nadie hace nada por intentar revertir la situación”, comentó Alejandra Macías.

El Economista

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