El Tribunal Superior de Justicia de Coahuila separó de su cargo a la Oficial de Partes del Centro de Justicia de Torreón. ARCHIVO
El udecista Emilio de Hoyos requiere que el Consejo de la Judicatura informe sobre el fraude

Luego de que VANGUARDIA informó que como parte de las indagatorias en el megafraude del Infonavit, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila separó de su cargo a la Oficial de Partes del Centro de Justicia de Torreón, el udecista Emilio de Hoyos pidió que el Consejo de la Judicatura informe sobre el seguimiento que se le da a este fraude.

VANGUARDIA dio a conocer que dicha funcionaria cesada habría jugado un papel clave y trascendental en este fraude de dimensiones nacionales, pues actuaba como filtro y se encargaba de distribuir a ciertos jueces, aparentemente “cómplices”, los casos contra los derechohabientes de ese Instituto federal en Coahuila.

En este sentido, De Hoyos Montemayor, coordinador de UDC en Congreso del Estado, pidió conocer si existen sanciones y se informe sobre los medios legales dictaminados para la reparación de los daños causados al patrimonio de los trabajadores.

“Esto permitirá restablecer sus derechos sobre las propiedades que les fueron literalmente robadas mediante juicios fantasma”, expuso.

“Además sabemos por declaraciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de su compromiso para darle seguimiento al caso, lo cual reconocemos y apelamos a su sentido de justicia e imparcialidad ante este hecho”, dijo el udecista.

Consideró que este fraude es sumamente delicado y que han sido miles de coahuilenses afectados por ello, trabajadores que en su mayoría perciben menos de 10 mil pesos al mes.

De Hoyos lamentó que hayan sido créditos indebidamente asignados, sin un análisis adecuado de las condiciones de los acreditados y del entorno general del trabajador; aunado a ello la gran telaraña de corrupción que se tejió en total y absoluto abuso al ciudadano.

“El crédito de vivienda que otorga el Instituto no es un crédito barato como lo establece la ley que regula la institución, por lo que es de extrema urgencia resolver la situación de cada una de las personas afectadas”, externó.

Que se lleven las investigaciones con celeridad y que, conforme a derecho, se emitan las resoluciones sobre las responsabilidades de todos y cada uno de los participantes en este desfalco al patrimonio de los trabajadores”, reiteró.