Por primera vez una alerta de género

Las organizaciones civiles que trabajan a favor de los derechos de las mujeres celebraron como una decisión histórica la que emitió la Procuraduría General de la República al decretar la alerta de género en 11 municipios del Estado de México, después de una larga lucha por lograrlo. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y otros se congratulan por ello. 

Los asesinatos sistemáticos de mujeres conocidos como feminicidios por su violencia extrema en el Estado de México se iniciaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y continuaron con el de Eruviel Ávila, y ambos gobernadores intentaron por todos los medios ocultarlos a fin defender su imagen, ignorando el clamor de las voces que advertían que la tragedia era peor que la de Chihuahua. 

Ambos eligieron desatender la violencia feminicida denunciada en foros públicos o en los medios de comunicación por voces que sabían de qué hablaban.

En el Estado de México la muerte feminicida creció como una montaña de papel en las procuradurías y el Gobernador que llegó a Presidente decidió pasar sobre los cuerpos y las vidas de miles de desaparecidas desoyendo el clamor de las familias. Tan sólo en este año ya se han registrado 19 feminicidios, por ello las jóvenes alzan la voz ante la ola continua de ataques violentos que sufren.

Ahora sí, el gobernador Eruviel Ávila manifiesta que se atenderá este drama que ha alcanzado el nivel de crisis, e indica que definirán una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública, así como órdenes de protección y gestiones de búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.

Ya lo hemos expuesto anteriormente en esta columna: la situación de violencia contra las mujeres es sumamente grave en el Estado de México, en Querétaro, Guerrero, Aguascalientes, Morelos, Chihuahua, y Tlaxcala, entre otras entidades, pero que la alerta de género se decrete por primera vez sienta un precedente para impulsar la investigación judicial que se había negado indagar los crímenes de mujeres encontradas en basureros, cuerpos descuartizados tirados en ríos y arroyos, atacadas por la delincuencia  común o el narcotráfico.

La justicia para las mujeres que sufren violencia feminicida avanza a cuentagotas, pero este año llegó hasta la Suprema Corte, por un caso ocurrido en Ciudad Juárez. Los ministros de la Primera Sala revisaron un amparo interpuesto contra un sujeto nacido en Estados Unidos sentenciado por arrollar a una mujer policía y dictaminaron que, “siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y, en su caso, poder determinar en la investigación si se trató o no de un feminicidio”.

Incluso, los Ministros llegaron hasta determinar que se deben investigar de oficio las posibles connotaciones discriminatorias por razones de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer. 

En la Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de México, la Secretaría de Gobernación resolvió que el gobierno de esa entidad deberá adoptar las acciones necesarias para ejecutar las medidas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentren bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia. 

El documento establece pormenorizadamente cuáles medidas de seguridad, de prevención y de justicia deberá adoptar el Gobierno de Ávila; de no haber existido la presión por parte de las ONGs, ésta conquista no se habría logrado. La lucha sigue.