Replican fraude de universidades; instituciones y dependencias
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En la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior detectó un posible fraude por 968 millones 887 mil pesos por abusos en el esquema de subcontrataciones
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales, replicaron el fraude en el que incurrieron algunas universidades públicas, que Excélsior dio a conocer hace un año.
En este modelo, las secretarías u organismos oficiales contratan instituciones educativas por un bien o servicio, con lo que eluden su obligación de licitar, pero luego, para cumplir, las universidades subcontratan a terceros que no pueden dar constancia de los servicios realizados.
En la auditoría a la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó que este modus operandipropició un daño a la Hacienda Pública Federal por 968 millones 887 mil pesos.
Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas se dan en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, indicó.
Ponen lupa
En la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó manejos irregulares por 114,250 mdp. De esta cifra falta recuperar o aclarar el destino de 104, 242 mdp, 91.2% del total. Hizo 1,865 auditorías y 4,439 recomendaciones. Replican modelo de universidades
Detecta la Auditoría Superior posible fraude por 968 millones 887 mil pesos en entidades gubernamentales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales replicaron el esquema de fraude e irregularidades en el que incurrieron algunas universidades públicas. Tras las auditorías a la Cuenta Pública 2016 se detectó que este modus operandi propició un posible daño a la Hacienda Pública Federal por al menos 968 millones 887 mil pesos.
Derivado de las auditorías a la Cuenta Pública 2016, la ASF detectó que hay abuso en las contrataciones entre dependencias y entidades públicas en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.
Esta práctica propicia el desvío de recursos públicos, afecta la imagen de gestión gubernamental y a final de cuentas no se tiene evidencia de que se entregan los bienes y servicios contratados.
Replican modelo de universidades
Detecta la Auditoría Superior posible fraude por 968 millones 887 mil pesos en entidades gubernamentales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales replicaron el esquema de fraude e irregularidades en el que incurrieron algunas universidades públicas. Tras las auditorías a la Cuenta Pública 2016 se detectó que este modus operandi propició un posible daño a la Hacienda Pública Federal por al menos 968 millones 887 mil pesos.
Derivado de las auditorías a la Cuenta Pública 2016, la ASF detectó que hay abuso en las contrataciones entre dependencias y entidades públicas en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.
Esta práctica propicia el desvío de recursos públicos, afecta la imagen de gestión gubernamental y a final de cuentas no se tiene evidencia de que se entregan los bienes y servicios contratados.
La ASF presentó 12 auditorías a la Cuenta Pública 2016 que replican este modelo de corrupción, entre ellas una que la llevó a solicitar la revisión de objetivos y atribuciones del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), al advertir que no cumple con los propósitos para los que fue creado.
Destacó que el INCA Rural signó varios contratos con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pero carecía de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos.
