Revés a EPN, ¿‘carta blanca’ para Gobierno de Chihuahua?
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “precisó” ayer los términos de la protección que en octubre pasado había otorgado al ex presidente Enrique Peña Nieto, así como a los integrantes de su gabinete, al prohibir que las autoridades de Chihuahua le investigaran con relación a presunto ilícitos cometidos en perjuicio de dicha entidad.
De acuerdo con la resolución, la Fiscalía General de Chihuahua puede continuar con las indagatorias relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos a campañas del PRI en 2016, aunque sólo puede investigar aquellas conductas que se considere afectaron al patrimonio de la entidad.
El gobernador Javier Corral Jurado reaccionó de inmediato a la noticia y, aunque precisó que en este momento no existen imputaciones directas en contra del ex presidente, aseguró que “vamos hasta el fondo y hasta donde tope, y si topa en Peña Nieto, hasta Peña Nieto, iremos”.
La protección originalmente otorgada por el máximo tribunal del país, mediante un acuerdo dictado por el ministro Eduardo Medina Mora -propuesto para el cargo por el propio Peña Nieto- fue duramente criticada en su momento, afirmándose que se trataba de un acuerdo que pretendía garantizar impunidad para los presuntos involucrados.
De entonces a la fecha, sin embargo, han ocurrido diversos hechos que convocan a dudar de la eficacia que la Fiscalía de Chihuahua pueda tener en el proceso de probar la responsabilidad de quienes presuntamente participaron en los ilícitos denunciados.
El principal hecho que demuestra la forma en que ha “hecho agua” el caso, es la sentencia que en mayo pasado se dictó al coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en cuyo proceso las acusaciones del caso se fueron diluyendo debido a la incapacidad de la Fiscalía para presentar pruebas y testigos que acreditaran sus dichos más allá de cualquier duda razonable.
Al final, Gutiérrez fue condenado sólo a tres años de prisión, pero gozando del beneficio de la libertad condicional. Además, aún deberá esperarse a que se resuelva la impugnación interpuesta contra la sentencia y que implica la posibilidad de que el coahuilense, al final, sea absuelto.
Cabría esperar que el Gobierno de Chihuahua haya aprendido la lección y, en adelante, se prepare mejor antes de intentar juzgar a cualquier otra persona relacionada con el caso.
Porque de lo que se trata es de que, si alguien cometió un ilícito, se le juzgue y se le condene con base en las reglas del proceso penal. Y hacer eso implica que las propias autoridades de Chihuahua se sometan en primer lugar a las reglas procesales y no pretendan simplemente, como ya ocurrió, obtener una sentencia condenatoria fundada sólo en el “juicio mediático”.
La sociedad mexicana está justamente indignada por el larguísimo historial de corrupción que caracteriza la vida pública. Pero esa indignación no hace sino multiplicarse cuando, frente a potenciales actos delictivos, los presuntos responsables alcanzan la impunidad debido a la incompetencia de las autoridades responsables de procurar justicia.
Cabría esperar que el Gobierno de Chihuahua haya aprendido la lección y, en adelante, se prepare mejor antes de intentar juzgar a cualquier otra persona relacionada con el caso.
