Roberto Gil Zuarth denunciará espionaje ante PGR
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El senador panista también exhortó a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a tomar la investigación del espionaje a periodistas, activistas y miembros de la oposición
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, dijo que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, ya que su teléfono celular fue intervenido por el programa Pegasus cuando se desempeñó como presidente del Senado.
"Es una forma de crimen organizado, es un delito grave y debe ser castigado con prisión", dijo el legislador debido a que Citizen Lab, un grupo de expertos de la Universidad de Toronto, confirmó tras un peritaje que su teléfono fue infectado por el malware Pegasus.
"Es altamente probable que uno de los tres intentos de ataque alcanzara su objetivo y lograra infectar mi teléfono", advirtió Gil Zuarth.
Precisó que el intento de espionaje se perpetró entre el 15 y el 17 de junio de 2016, cuando se discutía el Sistema Nacional Anticorrupción.
Agregó que ya le informó estos hechos y el resultado del peritaje al actual presidente del Senado, Pablo Escudero, y dijo que espera que se defiendan los intereses y la autonomía del poder legislativo.
"Por mi parte, como ciudadano presentaré la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Como senador de la República exijo que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tome en sus manos el caso y solicite información puntual sobre la adquisición y uso del sistema, así como de la información que pudo haberse obtenido de la ilegal intervención", explicó.
El legislador indicó que la dirigencia y las bancadas parlamentarias del PAN solicitarán “una investigación internacional para que quien espió termine en la cárcel”.
Además, adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones presentará una iniciativa de ley “para regular y vigilar el uso de herramientas para intervenir comunicaciones, con especial énfasis en los castigos a los que serán sujetas aquellas personas que lo utilicen de forma ilegal".
Enfatizó que la intervención de su teléfono celular supone una violación a su privacidad y a sus derechos como individuo y como mexicano.
"El hecho es condenable desde todos sus ángulos. Nada justifica que un gobierno federal o local, del signo que sea, o un particular que hubiese tenido acceso de manera ilegal a cualquier sistema de espionaje, pretenda o tenga el poder de vigilar a una persona. Es una forma de crimen organizado. Es un delito grave y debe ser castigado con prisión".
“Es un hecho que alguien distrajo recursos con los que cuenta el Estado mexicano y que deben de ser utilizados contra los criminales para espiar a activistas sociales, periodistas y políticos", acusó.
Finalmente, dijo que los valores asociados a las libertades individuales deben de ser defendidos en las sociedades democráticas por encima de todo y por encima de cualquier cosa.
"México no puede ser un país en el que se persiga a adversarios y críticos. México debe de ser un país de leyes, de libertades, un país de derechos en donde nadie tenga la posibilidad ni el poder para meterse a nuestras casas", concluyó.
