Se ‘prende’ debate en Congreso federal en torno a Humberto Moreira
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Exigieron a la PGR que se nombre un fiscal encargado de la investigación de la deuda coahuilense que a la fecha asciende a 37 mil 200 millones de pesos.
Pide PAN que se extradite a HMV
El grupo parlamentario del PAN pidió, mediante un punto de acuerdo, la extradición del exgobernador Humberto Moreira para que sea juzgado en México y no en España, donde se encuentra preso. Asimismo, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que se nombre un fiscal encargado de la investigación de la deuda coahuilense que a la fecha asciende a 37 mil 200 millones de pesos.
La petición fue realizada en rueda de prensa por los legisladores Federico Döring Casar, Javier Lozano Alarcón, Juan Pablo Piña y Silvia Garza, quienes exigieron que se fiscalizara cada peso de las cuentas bancarias de todos los involucrados en la megadeuda.
“Que esas autoridades colaboren con las dependencias de Estados Unidos y España en las investigaciones sobre el caso y en su momento soliciten la extradición de Humberto Moreira a nuestro país. Que se inicien las acciones de extinción de dominio respecto a los bienes relacionados con los delitos de lavado de dinero de todos los involucrados”, afirmó la senadora Garza.
…Y PRI alega: ‘es guerra de lodo’
El diputado federal por el PRI, Jericó Abramo Masso, pidió durante su intervención en tribuna en San Lázaro que al hablar sobre la detención del exgobernador Humberto Moreira, preso en España, se separaran a las personas de las instituciones, a la par que sostuvo que otras fuerzas políticas buscan generar una “guerra de lodo”.
Momentos antes de emitir su posicionamiento, el grupo parlamentario del PAN ofreció una rueda de prensa en la que solicitó a la PGR la extradición del exlíder del PRI para que fuera juzgado en México.
En tribuna, el diputado priísta aseguró que las críticas en contra de Humberto Moreira tienen orígenes partidistas en épocas electorales, por lo que reprobó que la oposición emprenda “guerras de lodo” al inicio de cada año electoral, con la intención de distraer a la ciudadanía.
“Sin importar el daño a las instituciones buscan a toda costa desviar la atención a asuntos que son 100 por ciento de índole jurídico al territorio electoral. En este y en todos los casos, es imprescindible separar a las persona de las instituciones”, dijo Abramo.
