SEDU no logró pruebas contra supuesto 'ladrón de libros'; el acusado exige reinstalación

Luego de haber sido señalado por la Secretaría de Educación del Estado de haber robado al menos 95 mil libros de texto para ser vendidos a empresas recicladoras, el acusado Antonio Chaires Camporredondo inició un proceso de contrademanda dirigido al Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, así como a sus actores jurídicos por daño moral, toda vez que fue exonerado de toda culpa por los tribunales del estado.

Pasaron tres años para que se reavivara el caso, y Antonio Chaires conjuntara las pruebas dictaminadas por el primer tribunal distrital del estado que aseguró su exoneración ante la denuncia interpuesta por la Sedu de delito penal por robo agravado con modalidad de pérdida de confianza, toda vez que él fungía como responsable único de la distribución de libros de texto gratuitos desde hacía 20 años.

Chaires aclaró que el motivo por el cual se encontraron resguardados los libros en un domicilio particular ubicado en la colonia Brisas, se debió a la falta de recursos invertidos por la Sedu en la logística de traslado del material, por lo que se tuvo que contemplar la contratación de una empresa externa quienes resguardaron el material en esta ubicación, situación que fue comprobada en el expediente. ‘’Los libros nunca se perdieron del rumbo, ni de mí poder’’.

Señaló que a pesar que presentó sus declaraciones ante el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) como autoridad ante los hechos, estos estaban coludidos con el jurídico de la Sedu, Enrique Flores.  ‘’No había opciones de traslado, ni equipo, ni autos, y esta misma situación fue integrada al caso’’, asegura.

Dijo que en este momento se encuentra en proceso su reinstalación al mismo puesto y la defensa de sus derechos laborales en una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial con el fin de limpiar su imagen y evidenciar supuestas corruptelas que existen entre la SEDU y el Gobierno del Estado, toda vez que asegura, nunca se le permitió tener acercamiento con ninguno de los funcionarios para explicar la situación, por lo que cataloga que el acto fue ejercido con ‘’Dolo’’.

‘’Nosotros denunciamos unos hechos, si para las autoridades penales no se constituyó como un delito, nosotros respetamos esos resolutivos y estaremos dándole seguimiento a las acciones que el señor presente contra la secretaría’’, respondió Enrique Flores, jurídico de la Secretaría de Educación. Agregó que se harán cargo del caso, así como de los 300 juicios laborales que enfrenta esta secretaría al año.

Además, el agredido presentará exigencias ante el tribunal laboral, e incluyó una propuesta convenio donde solicita indemnización por la cantidad de 750 mil pesos, así como una Demanda de Responsabilidad Patrimonial por 1.2 millones de pesos, y otra Demanda de Responsabilidad Civil por Daño Moral por 1.5 millones de pesos en un juicio que podría tardar más de un año.