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La Cámara de Diputados aprobó una reforma que concede a la Segob facultades para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”, especialistas consideran esto como un retroceso en el camino hacia tener medios públicos independientes

Por Itxaro Arteta (@iartetam) para Animal Político

En medio de la discusión por la creación nuevamente de una Secretaría de Seguridad y de la figura de súperdelegados estatales, la Cámara de Diputados aprobó el martes 13 de noviembre una reforma sobre la relación de la Secretaría de Gobernación (Segob) con los medios públicos, que especialistas consideran un riesgo de control autoritario, aunque los legisladores lopezobradoristas rechazan esa interpretación.

“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Esta fue la frase que quedó aprobada en el artículo 27 fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) —que cada nuevo gobierno ajusta para establecer cómo se va a organizar—, a pesar de que no estaba en la iniciativa original.

Actualmente, esta ley sólo concede a Segob facultades para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”, en su fracción 39, y vigilar que las publicaciones no atenten contra derechos de la vida privada, los niños o la paz, en la fracción 40.

Para Ricardo Raphael, académico del CIDE y colaborador de Canal Once —la televisora pública más antigua de México—, hay un error en la redacción y antes de pensar que hay una intención perversa del gobierno, pide que se corrija en el Senado, que recibirá la iniciativa esta semana.

“Si el argumento de la redacción fuera que la Secretaría de Gobernación debe asegurar la provisión, yo estaría muy conforme con la redacción, y ojalá la Cámara de Senadores agregue ese verbo. Pero si queda como está, que es ‘proveer el servicio’, pues sí estaríamos en una muy mala redacción jurídica que chocaría con otras leyes, porque pues la UNAM provee el servicio de televisión pública de TV UNAM, y el Poli (Instituto Politécnico Nacional) provee el servicio de televisión pública del Once, y el Canal 22 es una empresa prácticamente paraestatal”, señaló en entrevista.

Pero Aleida Calleja, experta del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), está segura de que no fue un descuido y consideró que este cambio es un retroceso en el camino hacia tener medios públicos que sean verdaderamente independientes del gobierno, como en otras partes del mundo.

“Que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia en la política pública o en la regulación de los medios es uno de los rasgos autoritarios de los más cuestionables y que no nos hemos podido zafar en este país. Incluso en países de Latinoamérica se quedan con el ojo cuadrado de que aquí sea así. Y dos: el poco avance que habíamos logrado para ir hacia medios verdaderamente públicos y no gubernamentales, dándoles cierto margen de independencia, pues se va por la borda”, lamentó.

Con la reforma en Telecomunicaciones de 2013, explicó, ya se había cuestionado mucho que todavía se le dejaran facultades sobre los medios a Segob, en lugar de que todo pasara a manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aun así, se creó el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) para coordinar a los medios públicos, que en términos de diseño institucional, aunque no es un organismo autónomo, tampoco está sectorizado, es decir, no depende de ninguna secretaría, lo cual implicaba cierta independencia.

Esta preocupación la comparte Héctor Villareal, quien fue director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Notimex y ocupó varios cargos de comunicación social durante los sexenios del PAN. En la época de Vicente Fox, explicó, el IMER pasó de estar sectorizado en Segob a estar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la tendencia era a acercar a los medios públicos más a instancias ciudadanas.

“Regresar a la Secretaría de Gobernación la prestación del servicio de radiodifusión es acabar, así, de tajo, anular la expectativa que me parece legítima, ciudadana, de tener medios públicos como en una democracia normal. Es mandar al diablo los últimos 18 años o más, y regresar a cuando (Carlos) Salinas”, expresó.

“Vamos a la época de (Manuel) Bartlett. Es la idea de los medios que él tenía”, dijo en relación a quien fuera secretario de Gobernación entre 1982 y 1988, hoy propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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¿Qué quisieron decir los diputados?

Cuestionada sobre el sentido de la ley, la diputada morenista Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, que elaboró el dictamen, dijo a Animal Político que el objetivo es que haya mejores contenidos en los medios públicos.

“Lo que se propone es que se requiere que la Segob trabaje con el SPR para que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a mejor contenido de radio y televisión. Muy poca gente conoce el Sistema Público de Radiodifusión, y es porque esta entidad no ha tenido el acercamiento suficiente a las localidades y a la gente, y el objetivo es cambiar esta premisa. Entonces con este cambio que nosotros hacemos al artículo 27, abrirá y difundirá cultura, información y arte. No se trata, como lo han mencionado, de una máquina política tendenciosa o de propaganda gubernamental. Eso es un error”.

—Pero la reforma no menciona eso del SPR, sólo dice ‘servicio de radiodifusión pública’—, se le hizo ver.

“Así es, servicios de radiodifusión, y lo que se quiere es, como te digo, generar las condiciones de un mejor contenido en información”, señaló.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, cree que las críticas a lo aprobado obedecen a que “le andan buscando chichis a las hormigas” y en realidad la nueva redacción deja todo como estaba, sin dar al gobierno mayor poder sobre los medios.

“Nuestro objetivo nunca ha sido ese y nuestras intenciones no podrían estar más lejanas a esa interpretación que se hace a la ley que aprobamos. Si inclusive a Gobernación se le quitaron un montón de facultades, Gobernación ha quedado como el espacio de construcción política y de acuerdo por excelencia. Y los compañeros que van, Olga Sánchez, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, se caracterizan por su absoluta disposición al diálogo y al acuerdo, ¿para qué demonios van a querer una herramienta autoritaria? Eso no tiene sentido”, afirmó.

Pero Mario Campos, exdirector de información en el IMER y actual conductor en medios privados, considera un riesgo esta explicación.

“Haber trasladado los medios públicos a la SEP, como se hizo en su momento, y no a Gobernación, mandaba un mensaje político que indicaba que no eran un instrumento de propaganda, sino que eran medios como tal de servicio público, con una vocación distinta. Entonces el cambiar nuevamente y regresarlos a Gobernación, más allá de las personas que encabecen las instituciones —porque habrá quien diga que Olga Sánchez Cordero quizá no haga un uso político de los medios y quizá yo podría estar de acuerdo con ello—, pero las instituciones tienen que ver más allá de las personas que las encabezan, tiene que ver con el diseño, y cuando lo pasas de la SEP a Gobernación, mandas una señal que me parece es preocupante para todos”, comentó.

“Lo mínimo que habría que esperar es una explicación de cuál es la racionalidad detrás del cambio, y de qué garantías institucionales van a desarrollarse para que los medios se fortalezcan en tanto medios públicos y no estén subordinados a la agenda del gobierno en turno”.

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