Cualquiera medianamente intuitivo podía adelantar lo que ocurriría en el caso del “escándalo” destapado por el equipo del periodista Carlos Loret de Mola en relación con el “emporio inmobiliario” del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

Por ello, a nadie puede sorprenderle que ayer, en conferencia de prensa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, saliera personalmente a dejar claro que el poblano está libre de toda sospecha pues no ha incurrido en ninguna irregularidad.

Y no puede sorprender porque tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la propia secretaria Sandoval adelantaron que ello ocurriría al realizar declaraciones “benévolas” en relación con el caso.

El 30 de agosto, en su conferencia de prensa “mañanera”, el Presidente afirmó que el trabajo periodístico que desató el escándalo es un ejemplo de “reportaje que se hace con el propósito de afectar políticamente, sin duda”, con lo cual lanzó una clara señal de la posición del Gobierno de la República en el caso.

La absolución de Bartlett Díaz tiene entonces, como era de esperarse, dos lecturas contradictorias:

Por un lado la de carácter jurídico, que implica poder valorar los documentos que la secretaria Sandoval asegura existen en el expediente y que presume se integró de forma exhaustiva, realizando más de medio centenar de diligencias, entre ellas una comparecencia del funcionario.

Del análisis independiente del expediente podría eventualmente llegarse a concluir, con las diligencias realizadas y las evidencias integradas a éste, a lo mismo que ayer informó la titular de la SFP.

Pero del otro lado está la lectura política y esta tiene que ver con la confianza que el dictamen genera en la población, sobre todo a partir del hecho que percibe la existencia de una “línea” presidencial para eximir de responsabilidad a Bartlett.

Resulta sumamente difícil conceder el beneficio de la duda a la secretaria Sandoval, y creer que condujo una investigación absolutamente imparcial y hasta las últimas consecuencias"

La reacción en este sentido se registró ayer mismo en redes sociales cuando los cibernautas comenzaron a comparar a Irma Eréndira Sandoval con Virgilio Andrade, el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto encargado de “investigar” el escándalo de la Casa Blanca.

Por ello, a menos que se alinee en las filas de los “amantes” de la 4T, resulta sumamente difícil conceder el beneficio de la duda a la secretaria Sandoval, y creer que condujo una investigación absolutamente imparcial y hasta las últimas consecuencias para determinar si el titular de CFE incurrió en alguna irregularidad cuando construyó el emporio inmobiliario que convenientemente se encuentra a nombre de sus hijos y su pareja sentimental.

La denuncia en contra del expriista, a quien todos recuerdan como artífice del fraude electoral que permitió el arribo al poder de Carlos Salinas de Gortari, quedará como una mancha en la actual administración federal. Y aunque seguramente no tendrá el mismo peso que tuvo en su momento el affaire de la Casa Blanca, manchará irremediablemente a un gobierno al que cada vez se le creerá menos su pretendido compromiso con el combate a la corrupción.