La organización sindical y el derecho de ir a la huelga constituyen dos de las conquistas más relevantes del movimiento obrero a nivel internacional. Y por tratarse de conquistas logradas, literalmente, gracias al sacrificio de muchos individuos, nadie puede considerar que tales derechos debieran ser eliminados o de alguna forma “acotados”.

Pero siendo cierta en términos generales la afirmación anterior, en el mundo real se registran casos que invitan a pensar seriamente en la necesidad de al menos revisar la forma en la cual tales derechos son empleados, o discutir cuáles son los límites para ejercerlos.

Uno de esos casos es, sin lugar a dudas, el de Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, uno de cuyos sindicatos accedió finalmente ayer a poner fin a la huelga que paralizó la institución por más de dos meses, y cuyos resultados no parecen justificar en modo alguno los costos que representó el movimiento.

Los integrantes del sindicato que encabeza Gustavo Lara Sánchez hicieron uso de un derecho al emplazar a huelga a la Universidad, y posteriormente paralizar la institución al no obtener respuesta satisfactoria a sus demandas. Luego decidieron, de forma legítima, mantener la presión sobre la institución al rechazar sucesivas ofertas para poner fin al conflicto.

Sin embargo, vista la historia en retrospectiva, los sindicalistas no fueron capaces de entender el momento en el cual las negociaciones no podían tener un final mejor –desde la perspectiva de sus intereses– y prolongaron innecesariamente un movimiento que no tenía futuro.

Y es que más allá de haber logrado que les pagaron un “bono” de 4 mil 500 pesos a cada trabajador, lo “conquistado” mediante una muy costosa huelga no parece justificar la parálisis institucional y el corolario que queda flotando en el ambiente es el de un sindicato intransigente, que al final fue vencido por la realidad y, acaso, por su propia mezquindad.

Nadie está proponiendo que los gremios renuncien a la legítima defensa de sus intereses, pero sin duda que este caso ofrece elementos para la reflexión pausada respecto de la conducta esperada por parte de un sindicato que pretenda ser tomado por responsable.

Y es que la resolución final de este conflicto evidencia que, si la sensatez hubiera prevalecido desde el principio, la institución se habría ahorrado un conflicto que ha afectado de manera fundamental a quienes, en teoría, son la razón de ser de la Narro: sus estudiantes.

Las ganancias que cualquiera de la partes pueda presumir a la conclusión de la huelga son menores, mucho menores a las pérdidas que representó haber suspendido por más de dos meses las actividades institucionales interrumpiendo clases, procesos de investigación y experimentos científicos.

Lo “ganado” por el Sindicato –y quizá más– pudo obtenerlo antes mediante un proceso inteligente de diálogo. Lejos de tal posibilidad, Gustavo Lara y sus compañeros decidieron sostener artificialmente un movimiento en el que, al final, todos salieron perdiendo.

Lo menos que cabría esperar, frente a esta lastimosa realidad, es que hayan aprendido la lección.


Más allá de haber logrado un ‘bono’ de 4 mil 500 pesos a cada trabajador, lo ‘conquistado’ mediante una muy costosa huelga no parece justificar la parálisis institucional