Tijuana, paraíso del cristal, cero sentencias por narcomenudeo en años

Por Vicente Calderón y Daniel Ángel Rubio 

Presupuestos bajos, incapacidad policial, investigaciones deficientes, juzgados sobresaturados en el combate al narcomenudeo en Tijuana están devolviendo a miles de acusados a las calles de esta frontera, la más mortal del país debido a la venta de drogas. 

Estas omisiones provocaron que, de junio de 2016 a mediados de 2019, ya con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se lograra dejar en prisión a nadie por el delito de comercio de drogas al menudeo. Los datos hablan solos: de más de 12 mil detenidos en este periodo, solo hubo 182 sentencias y fueron únicamente por posesión*. 

El día que Federico compareció en la sala 4 del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California tenía a su lado únicamente a un abogado de oficio. Tácitamente aceptó la acusación de la policía de Tijuana: llevaba 91 envoltorios de droga.

La denuncia de una mujer en la colonia zona norte de Tijuana - un distrito ubicado a unos pasos de la frontera con San Diego, California, y conocido por su oferta de bares, prostitución, venta de droga y alto número de homicidios- fue lo que llevó a su detención, según consta en el informe policiaco del día de su arresto.

Delgado y con la cabeza casi rapada, el trabajador de una de las miles de fábricas de esta frontera se mantuvo callado y atento durante la audiencia. Respondió con timidez cuando le preguntaron si entendía su situación. Ese día parecía haberse acicalado para su presentación ante la jueza. 
 
Y aunque los 36 gramos de metanfetamina que llevaba estaban muy por encima de los 40 miligramos que permite la Ley General de Salud para consumo personal, la Fiscalía no  presentó elementos suficientes para comprobar que este joven se dedicaba a la venta de estupefacientes. 

El resultado: dos días después estaba libre porque acordó no usar drogas, mantener un empleo y estar localizable. 

La fiscalía y la policía auguraron dos escenarios: Federico regresaría a las filas del narcomenudeo y probablemente lo asesinarían. La sentencia de muerte se cumplió.

El círculo mortal

La historia de Federico se repite sistemáticamente en las salas del Poder Judicial en Baja California: presuntos narcomenudistas entran y salen sin sanciones severas por la droga que les encuentran, llevando a Tijuana a una espiral de violencia que parece no tener fin, según datos de la Fiscalía.

“Podemos decir con toda precisión que la gran mayoría de las muertes están relacionadas con el tema de narcomenudeo, y por supuesto que va de la mano el tema del homicidio con el comercio de drogas”, asegura Jorge Álvarez Mendoza, fiscal regional.

A pesar de esta relación, en la ciudad de Tijuana ningún juez concretó una sentencia por distribución de estupefacientes en los primeros tres años de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con datos entregados vía transparencia a Tijuanapress.com. Esto ocurrió al mismo tiempo que el municipio se posicionó como el más violento del país con más de seis mil homicidios de 2016 a 2019, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Alfonso Durazo, secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno federal, confirmó este escenario justo al cierre del 2019. “De los municipios que tienen más homicidios dolosos, en cifras absolutas, Tijuana tiene el mayor número”, afirmó durante la conferencia matutina que da todos los días el presidente de México. Así, este municipio está por encima de Cd. Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; León, Guanajuato, y Culiacán, Sinaloa.

Además, a nivel nacional Baja California fue el estado con la mayor tasa de incidencia por el delito de narcomenudeo en 2019, según el semáforo delictivo de la organización “México ¿Cómo vamos?”

Entre junio de 2016 y agosto de 2019, las diferentes corporaciones policiacas de Tijuana detuvieron mensualmente, en promedio, a 300 personas que cargaban desde marihuana hasta heroína, según las estadísticas del Poder Judicial obtenidas vía transparencia. Un total de 12 mil 308 detenidos en ese periodo. Pero solo uno de cada diez, es decir mil 254, llegaron ante un tribunal. Ahí el embudo se hace aún más delgado: únicamente 182 completaron su proceso penal. Estas cifras hacen que Tijuana esté muy cerca de ser considerada la capital del narcomenudeo. 

En los juzgados no parece haber una verdadera pelea contra el comercio de drogas. Las pocas sentencias que se lograron fueron por posesión simple, la variante de este delito que tiene la pena más laxa. 

En un análisis hecho a más de tres bases de datos entregadas por las autoridades, se encontró que de los más de 12 mil consignados a la Fiscalía, nueve de cada diez fueron acusados sólo de posesión de narcóticos y del resto, 35 fueron por comercio y 27 por posesión con fines de comercio. 

Sumado a todo esto, el 80% de los detenidos no tenía una sentencia clara porque sus casos seguían en proceso, informó el Tribunal de Justicia de Baja California.

"El sistema está colapsado", aseguró un juez que pidió no ser identificado y que calcula atiende hasta 12 audiencias diarias; la mayoría por narcomenudeo.

Y del total de personas llevadas ante la procuraduría (ahora fiscalía), por delitos relacionados con drogas, cuatro de cada diez, esto es, cuatro mil 565, ya habían pisado antes esas oficinas por lo menos una vez. De esta población reincidente, el 56% llevaba entre tres y trece aprehensiones en sus récords, según la misma autoridad.

Además de esto, el Tribunal de Justicia respondió que en sus primeros tres años de operación con el nuevo sistema, los jueces de control declararon ilegales 331 detenciones. Eso significa casi el doble de las sentencias logradas en el mismo lapso. Y es que para los jueces no es difícil llegar a esta conclusión después de leer las carpetas con la información policíaca. 

En las más de 150 sentencias obtenidas y revisadas para este reportaje, se encontró que los agentes de la policía muchas veces usan la misma versión para más de un caso. No solo eso, en distintas carpetas se encontraron narraciones similares de cómo y por qué detuvieron a la persona. 

Los señalamientos fueron recurrentes: acusados que estaban orinando en la vía pública, que alguien los denunció, o que al notar la presencia policiaca corrieron y los agentes observaron que arrojaban algo al suelo.

El análisis de todas las detenciones, sentencias y homicidios respalda las voces de jueces y abogados consultados: La cadena de impartición de justicia en Tijuana está rota. 

La policía destina gran parte de sus recursos y su tiempo a detenciones cuestionables, mientras la fiscalía procesa aportando muy poca evidencia y con magros resultados.

En esta línea los tribunales sólo supervisan un trámite en el que optan por ver a los imputados más como enfermos que como delincuentes, apelando a la legislación antidrogas. 

El detonador de homicidios

Entre junio de 2016 y agosto de 2019, Tijuana, una ciudad que oficialmente tiene 1.8 millones de habitantes, registró seis mil 190 homicidios, un promedio de cinco asesinatos diarios, y en días muy malos hasta 16 muertos (27 de octubre, 2018), de acuerdo con los datos analizados que entregó la ahora fiscalía.

"Es un factor que no ha cambiado aquí en la ciudad, la gran mayoría de los homicidios están relacionados con el tema de narcomenudeo", asegura el fiscal regional Jorge Álvarez.

Este problema no es nuevo y Álvarez no es el único que lo relaciona con los principales generadores de criminalidad.

"De la problemática que tiene la ciudad en seguridad, el 80, 85% está relacionado con la cuestión de narcomenudeo", explica Mario Martínez, ex director de la Policía Municipal.

Martínez recuerda que cuando estaba al frente de la corporación sus oficiales detenían todos los días a personas con droga. La metanfetamina, conocida como “cristal” o “crico”, era lo que más encontraban.

Ese es un patrón que ha seguido con los años. En el 90% de las detenciones que se analizaron el detenido llevaba metanfetamina. En segundo lugar se encontró la marihuana. Y mientras que la ley permite portar entre una y dos dosis, los casos que versan en los reportes portaban en promedio 24 envoltorios de cristal y/o 20 envoltorios de marihuana.

“Es triste ver que aseguramos a una persona por cometer un delito en la ciudad y que a las 48 horas sale. O muchas veces en una semana hemos agarrado a la misma persona tres veces. Es una burla, la verdad”, dice Martínez.

Funcionarios de las corporaciones policiacas y de justicia sostienen que las principales víctimas de homicidio son vendedores de droga que quedan en medio del enfrentamiento que mantienen los cárteles de Sinaloa, los remanentes del Arellano Félix, y el de Jalisco Nueva Generación, por el control del narcomenudeo en las colonias.

En esa guerra por las calles, las esquinas o los parques, el costo social es muy alto. En su mayoría, las víctimas de homicidio tenían entre los 25 y los 35 años de edad.

Este problema se ha venido gestando desde hace tiempo. En 2017 el entonces subprocurador de investigaciones especiales de la extinta Procuraduría de Justicia en Baja California, Miguel Ángel Guerrero Castro, lo había señalado. “Hasta el 85% de las personas ejecutadas en la ciudad están registradas con ingresos o detenciones por narcomenudeo”.

Por si fuera poco, un análisis de los informes semanales presentados por la policía de Tijuana en la pasada administración municipal muestra que hasta el 50% de las detenciones que realizaron fue por posesión de drogas. Las cifras oficiales sustentan esta realidad, ya que a partir de 2018 el número de detenidos crece de manera abismal, llegando hasta las 449 detenciones en un solo mes de 2019. 

La cadena de impunidad

De las tres instancias enfocadas en combatir este problema, la policía es el primer eslabón, el punto en el que inicia todo el proceso, y también la que tiene un menor presupuesto para trabajar. 

En 2019 el Congreso le autorizó 12.5 millones de pesos, una cifra muy baja comparada con los mil 483 millones de pesos que obtuvo la Fiscalía, antes Procuraduría de Justicia, y también se queda por debajo de los mil millones de pesos que recibió el Poder Judicial ese mismo año. 

“Las condiciones laborales, salariales y materiales no promueven que la actuación de los policías municipales pueda ser la mejor [...] el problema es que desde que se implementó el nuevo sistema nos enfocamos más en el poder judicial y en las procuradurías y dejamos de lado a los policías”, explica Reynaldo Saldívar, miembro de la organización Causa en Común, dedicada al análisis del desarrollo policial en México. 

Pero los presupuestos no alcanzan para mitigar el problema del narcomenudeo en ninguna de las instancias. 

El mismo Poder Judicial lleva desde 2017 solicitando un incremento cercano al 50% en su presupuesto para enfrentar los cambios en el Sistema de Justicia, pero en 2020 recibió los mismos mil millones de pesos, e insiste en que no le alcanza para el nivel de demanda que tienen. 

“Nosotros estamos viendo en el tribunal cómo implementar mayores jueces, mayores salas (...) estamos ahorita viendo qué es lo que tendríamos que hacer con el presupuesto que se nos autorizó”, declaró a la prensa Salvador Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.  

El edificio del poder judicial en Tijuana está a un costado de la antigua penitenciaría, donde internan a las personas arrestadas por la policía cuando la fiscalía considera que hay elementos para enviarlas ante el juez. 

En ese penal, que encierra una historia de crimenes y corrupción legendarias, esperarán su primera audiencia o la siguiente.

La prisión es de renombre internacional lo mismo por asesinatos de sus directivos, que por sus fugas o por el control que los internos -especialmente los ligados al narcotráfico- mantuvieron durante años.

El desprestigio fue tal, que la pelicula estelarizada por Mel Gibson  “Get the gringo”, se basó en las anécdotas de este reclusorio antes conocido como “El pueblito”, escenario de violentos y mortales motines.

Pero ahora el sistema judicial bajacaliforniano intenta marcar un contraste.

El inmueble que alberga las salas del nuevo sistema de justicia penal oral es relativamente nuevo y sobrio. En la entrada tiene un arco de detección de armas que no funciona, y en el pasillo principal una gran efigie de la justicia.

Muy cerca, los guardias detrás de un desgastado mostrador registran al personal, a los fiscales y a los abogados defensores que participarán en las audiencias.

Intentan mantener un orden la sala que se destina a qué juez y a qué caso, pero no es sencillo.

Aunque hay una programación previa, siempre hay más procesos que atender, así que la pantalla con los horarios y las salas asignadas cambia constantemente retrasando las comparecencias.

Por eso es común ver en la antesala gente parada o recargada en la pared esperando alguna de las decenas de causas penales repartidas en las 4 salas existentes. En ocasiones son mas de 50 en un día.

Ocasionalmente, los jueces pasan de un lado a otro aguardando que se desocupe una sala para presidir su siguiente audiencia. 

Es un proceso riguroso que debe quedar videograbado por las cámaras de lo que asemeja un sistema de circuito cerrado.

En la sala, un monitor empotrado en el muro y un reloj completan el escenario de tres escritorios destinados para una auxiliar del magistrado, la físcalía y la defensa.

Junto a esta última se ubica al imputado, que estará de frente al podio principal que ocupa el  juez.

Frente al togado y atrás del acusado, separados por un pequeño muro de alrededor de un metro de altura, hay unos cuantos asientos para los asistentes. Nadie puede entrar con teléfono celular, y menos con equipo profesional para grabar. 

Los reporteros, que solo tienen permitido ingresar con pluma y libreta, generalmente están en primera fila, delante de los familiares o amigos. Los imputados, siempre resguardados por algún custodio estatal, salen esposados vistiendo tenis y everol anaranjado, como una copia de los juicios norteamericanos. 

Una vez que el juez es presentado por su auxiliar, una de sus primeras acciones es pedir a los reporteros que se identifiquen y les advierte que serán multados si difunden los datos del procesado sin su autorización.

La saturación y los pocos recursos para trabajar tienen una consecuencia real en la impartición de justicia en la ciudad. Con la necesidad urgente de cerrar casos, en los últimos tres años los jueces prefirieron apegarse a criterios de ley para sustituir la cárcel por una multa. 

Por eso el alto número de detenciones y el reducido nivel de judicializaciones han hecho que especialistas comparen al sistema con una puerta giratoria. 

En el sistema acusatorio los policías tienen un papel fundamental: Son el primer peldaño de la justicia y también los más criticados por jueces y ministerios públicos, que los señalan porque sus detenciones frecuentemente tienen irregularidades que llevan a un proceso fallido. 

“Simulaban que a una persona la habían detenido en un lugar, cuando había ocurrido en otro; que había sido a una hora, cuando en realidad había sido en otra. Todo lo iban modificando en el parte judicial”, dice Hiram Sánchez, el nuevo fiscal central en Baja California.

Estas irregularidades generan que desde el inicio las acusaciones estén en la cuerda floja, y cuando las carpetas llegan al fiscal, éste generalmente se limita a presentar ante el juez lo que los policías reportaron, según consta en las sentencias consultadas.

Solicitamos entrevista con el nuevo Secretario de seguridad de Tijuana Jorge Ayón Monsalve pero no estuvo disponible para responder a los señalamientos por el actuar de sus policías.  

Estos procesos tienen otra cosa en común en Tijuana: los jueces terminan liberando a los detenidos tras calificar de ilegal la detención.

Los agentes de la policía municipal de esta frontera no están dispuestos a que toda la culpa recaiga sobre ellos y aseguran que el nuevo sistema de justicia está fallando porque es excesivamente "garantista”. Sus quejas se enfocan en un mismo punto: el ministerio público y los jueces le dan más credibilidad a los derechos humanos de los delincuentes.

“Es el ‘Talón de Aquiles’ de nuestras leyes y al ciudadano le afecta, porque ahora resulta que la persona que se metió a robar a mi casa tiene más derechos que yo como afectado”, dice Francisco García, supervisor de la policía municipal de Tijuana.

En 2009 esta bomba le cayó a las autoridades locales. Ese año hubo una modificación a la ley para combatir la venta de estupefacientes: al tratarse de cantidades pequeñas de droga sería responsabilidad del fuero común combatirlo y juzgarlo. Es decir, las autoridades federales se harían a un lado. Pero los agentes locales no estaban listos para tomar el control. 

Nuevo gobierno, problema añejo

En noviembre de 2019 llegó a Baja California el cambio de poder. El partido Morena sustituyó al PAN en la administración del estado y entre sus principales promesas de campaña la seguridad fue prioridad. 

En años pasados los panistas intentaron enfrentar el problema advirtiendo al tribunal de las detenciones previas del imputado. En varias ocasiones ponían a disposición del juez a la misma persona hasta ocho veces, afirma Jorge Álvarez. Pero los intentos para acabar con esto no fueron suficientes. 

La nueva administración Morenista plantea cambios para hacerle frente a esta problemática que ha llevado al estado a tener la ciudad más violenta del país. Lo primero fue que la unidad contra el narcomenudeo se convirtió en fiscalía especializada.

En los últimos tres meses se registraron media docena de audiencias por delitos contra la salud en su modalidad de comercio, pero medir realmente si la impunidad en estos casos ha disminuido es imposible. El nuevo fiscal central, Hirám Sánchez, aseguró que acabarán con el divorcio entre la policía y el ministerio público para lograr más vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.

Pero este cambio para muchos llegó tarde. El 27 de diciembre de 2019, Federico tenía que presentarse a su examen antidoping. Su registro quedó vació. Lo encontraron sin vida en lo que las autoridades presumen es un “picadero”, un lugar donde los adictos se reúnen para drogarse.

El 21 de diciembre, seis días antes de su presentación, lo asesinaron a golpes en una colonia contigua a su domicilio, según el reporte de la Fiscalía. Su mamá identificó el cadáver. 

Una prueba de que en Tijuana el crimen es mucho más rápido que la justicia. 

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto de investigación del ICFJ en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers *En junio de 2019 un menor de edad fue sentenciado a libertad asistida por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en hipótesis de venta.