Autoridades estatales y municipales firmaron el convenio | Foto: Sandra Gómez
Significa un avance en materia de transparencia, para hacer público todo lo referente a la Administración, aseguró el alcalde Jorge Zermeño Infante

Torreón, Coahuila. -  Este viernes en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), se llevó a cabo la firma del Proyecto de Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas,  para formar parte de la Comisión Permanente de Contralores del Estado y Municipios, la cual tiene como objetivo principal, fortalecer los sistemas de control y evaluación pública, a fin de lograr un ejercicio eficiente, oportuno, transparente y honesto, de los recursos públicos.

 El alcalde, Jorge Zermeño Infante, dijo que la integración a este convenio, significa un avance en materia de transparencia, para hacer público todo lo referente a la Administración. El documento, obliga a mantener una relación estrecha y continua con las autoridades encargadas de la transparencia y la revisión de cuentas, haciendo más eficiente al gobierno.

 “Tenemos que hacer más accesible al ciudadano, la información que es pública. El gran reto es capacitar al funcionario que concentra, cataloga y maneja la información pública, para evitar la tramitología, el exceso de burocracia y por ende, la corrupción que pudiera presentarse en trámites largos y tediosos”.

 Teresa Guajardo Berlanga, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas en Coahuila, señaló que este convenio que se firma con los municipios de La laguna, tiene la finalidad de implementar programas y políticas públicas encaminadas a tener orden y ejercer debidamente los recursos públicos.

 "Se va a capacitar a los funcionarios para que conozcan las normas, los programas públicos; cómo se evalúa y cómo se audita, así como los resultados que se pretenden obtener".

 El objetivo de las autoridades, es poner en marcha la Contraloría Social; es decir, que los ciudadanos estén vigilantes y sean auditores sociales de los programas y del recurso público que se ejerce.