Los pendientes de `Lito'
/
27 julio 2008
COMPARTIR
Mientras la lista de asuntos irresueltos -léase DVR de Torreón, Instituto de Pensiones y colector del bulevar Felipe J. Mery, entre otros- sigue creciendo, la SFP a cargo de Ismael Ramos Flores continúa sin ofrecer resultados concretos .
Las auditorías al Instituto de Pensiones, al Seguro del Maestro, y al Fondo de Vivienda y Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE, así como la implicación de Guillermo Anaya en el caso DVR han sido los últimos casos que se añaden a una larga lista de pendientes que ya tiene Ismael Ramos Flores.
Dicha lista de auditorías e investigaciones ha crecido en forma constante en la presente administración estatal, pero sin que la Secretaría de la Función Pública dé resultados concretos a la ciudadanía.
A esto añádale las irregularidades que se han detectado en el Inedec, de las que aún no hay respuesta por parte de la instancia sancionadora
Los ejemplos de la sección magisterial, de Anaya y del Inedec se unen a otros más añejos como el del Registro Público de la Propiedad, el Instituto de Pensiones, el DVR de Torreón, y el caso del bulevar Felipe J. Mery.
Registro Público de la Propiedad
En noviembre de 2006, Ramos Flores anunció que tras una auditoría al Registro Público de la Propiedad, se encontraron irregularidades, especialmente la cancelación indebida de embargos por alrededor de 5 millones de pesos.
Recientemente, sobre este mismo caso, salió a la luz pública que también se detectaron tráfico de influencias, falsificación de documentos y peculado, que podría elevar el faltante a 25 millones de pesos.
Sin embargo, y aunque se señaló al ex director de la dependencia José Luis Dovalina como el presunto responsable, la SFP no ha anunciado la sanción final al funcionario.
Distribuidor Vial Revolución
Sin duda que el caso más "sonado" ha sido el referente al Distribuidor Vial Revolución, que inició en 2004 primero con accidentes que hicieron sospechar algún problema con la construcción y el diseño de la obra.
El DVR fue la magna obra del sexenio del ex gobernador Enrique Martínez, tuvo un costo de 140 millones de pesos y fue inaugurado el 30 de enero de 2004 en medio de una gran verbena popular.
En aquella ocasión, el entonces mandatario estatal aseguró que el DVR era una obra para 100 años; sin embargo, fue el 4 de mayo de 2006 cuando trascendió que de acuerdo con resultados preliminares de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el DVR requeriría de una "cirugía mayor".
Finalmente, el 17 de mayo de 2006, el gobernador Humberto Moreira anunció en rueda de prensa en Torreón la demolición de la obra por fallas estructurales.
Ese mismo día Ismael Ramos Flores, secretario de la Función Pública, también anunció que se buscaría castigo a los culpables.
Luego, tras más de un año de investigaciones en el caso, el 4 de julio de 2007 la PJGE determinó solicitar sólo una acción penal por el delito de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones públicas contra Manuel Gómez Parra, ex director de Caminos y Puentes de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas.
Sin embargo, el 1 de julio del mismoaño, Ramos Flores añadió otro elemento a la investigación, cuando Vanguardia publicó sus declaraciones en el sentido de que también se investigará a la administración de Guillermo Anaya en el caso del DVR.
En suma, lo único relevante que se ha anunciado a la fecha es la liberación de una orden de aprehensión contra Manuel Gómez Parra, ex director de Puentes y Caminos de la entonces Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas.
Además, una denuncia civil contra tres empresas que participaron en el diseño y construcción de la obra, emblemática del sexenio enriquista.
Bulevar Felipe J. Mery
En el caso del bulevar Felipe J. Mery, la SFP se comprometió a estudiar el diseño de la obra que se inundó el 17 de diciembre de 2006 a fin de fincar responsabilidades, pero a la fecha no lo ha hecho.
Ese día, el colector de la obra en proceso aún, que se estima en un costo de 26 millones de pesos, no soportó la cantidad de agua de lluvia y se desbordó, inundando 28 casas de la colonia Burócratas del Estado.
Pensiones del Estado
Otro pendiente de Ramos Flores es el caso del Instituto de Pensiones, donde se investiga un presunto desvío que primero se dijo era de 80 millones de pesos, pero que luego bajó a 15 millones.
El caso se ventiló en la opinión pública desde el 4 de agosto de 2006, pero de la misma manera no ha habido nada.
Auditorías a la Sección 38
Las auditorías a la Dirección de Pensiones, Fondo de Vivienda, Servicio Médico, y Seguro del Maestro de la Sección 38 del SNTE son los casos más recientes en los que Función Pública intenta "esclarecer" presuntas malversaciones de fondos.
En este caso, se presume que la anterior dirigencia de la Sección 38 desvió dinero de esas cuatro instituciones de seguridad social para la construcción del nuevo edificio sindical.
Según las estimaciones de la SFP, el desvío pudo haber sido de 60 millones de pesos.
El Secretario de la Función Pública ha señalado que de comprobarse esas desviaciones de recursos se fincarán responsabilidades y se dará parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Las instituciones de seguridad social que se auditan son el Fondo de la Vivienda, la Dirección de Pensiones, el Seguro del Maestro y el Servicio Médico.
Durante la pasada administración de la Sección 38 del SNTE, Juan Manuel Armendáriz Rangel encabezó el Seguro del Maestro, cargo que sigue ocupando actualmente.
También continúa Higinio Leonel Hinojosa en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
En el Fondo de la Vivienda, Benigno Luévano Martínez fue el titular en la administración pasada, mientras que el Servicio Médico lo encabezó Francisco Alfonso Gaytán.
Presunto fraude en el Inedec
Funcionarios de la dependencia estatal, que aseguraron fueron forzados a firmar documentos para encubrir el fraude millonario, revelaron que el director del Inedec, Héctor Gaytán McGregor, frecuentemente reporta compras de material deportivo y de construcción que nunca ven físicamente pero del que tienen que reportar su ingreso.
Y mostraron actas de finiquito de diversos programas firmadas por Gaytán McGregor, las cuales comprueban las compras hechas por montos que van desde 370 mil hasta 808 mil pesos, todas asignadas al mismo proveedor.
Es el caso de Gilmar Internacional, empresa a la que el Inedec le ha asignado contratos por más de 2 millones de pesos y cuyo domicilio fiscal, Constitución 409 Oriente en Torreón, Coahuila, está ocupado por otra compañía de nombre Consultoría Empresarial.
"El material nunca lo vimos y se supone que si uno firma un acta de finiquito es porque vio la obra o el material que se compró, pero en muchos casos las facturas se pagan, pero nunca llega el material", declaró uno de los funcionarios.
Además, aseguraron que diversos proveedores del organismo, la mayoría originarios de La Laguna, surten de facturas en blanco a Gaytán McGregor para que éste pueda justificar algunos gastos personales que realiza con recursos del instituto.
Las facturas, afirman los empleados, son llenadas a mano por el director de instituto y presentadas como comprobante de gastos al área administrativa de la dependencia por montos que oscilan entre los 10 mil y 30 mil pesos.
"Que la Función Pública
se ponga las pilas"
Para el diputado Luis Gurza Jaidar es muy triste ver el rezago que tiene la Secretaría de la Función Pública.
"Vemos con tristeza que existe mucho rezago en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, en una serie de investigaciones que no se han concluido o en otras que no han iniciado.
"Esto tiende a que con el paso del tiempo tengamos de nueva cuenta cuestiones que por omisión se dejaron de hacer y que no se definan en tiempo y forma los responsables", dijo.
El legislador consideró que lo que pide la ciudadanía es que haya resultados en las investigaciones, tanto en el sentido de que se dé con los responsables como en que se restaure el daño al erario.
"Es de vital importancia que la Función Pública se ponga las pilas, que se deje de hacer `pato', que deje de andar de politiquerías y que se ponga a jalar técnicamente como debe de ser esa área, jurídica, científica y técnica, no política", arremetió.
Consideró que la Función Pública debe ser un área similar a la Auditoría Superior, ajena a lo político.
"Nosotros ya pusimos el ejemplo al despolitizar la Contaduría Mayor al convertirla en Auditoría Superior y pues pareciera que la SFP todavía no ve bien esa visión que hoy exige la ciudadanía.
"O sea, que sea una autoridad independiente y que esos rezagos que tiene en diversos análisis, chiquitos o grandotes, los saque adelante", opinó Gurza Jaidar, legislador local por el PAN.
Dicha lista de auditorías e investigaciones ha crecido en forma constante en la presente administración estatal, pero sin que la Secretaría de la Función Pública dé resultados concretos a la ciudadanía.
A esto añádale las irregularidades que se han detectado en el Inedec, de las que aún no hay respuesta por parte de la instancia sancionadora
Los ejemplos de la sección magisterial, de Anaya y del Inedec se unen a otros más añejos como el del Registro Público de la Propiedad, el Instituto de Pensiones, el DVR de Torreón, y el caso del bulevar Felipe J. Mery.
Registro Público de la Propiedad
En noviembre de 2006, Ramos Flores anunció que tras una auditoría al Registro Público de la Propiedad, se encontraron irregularidades, especialmente la cancelación indebida de embargos por alrededor de 5 millones de pesos.
Recientemente, sobre este mismo caso, salió a la luz pública que también se detectaron tráfico de influencias, falsificación de documentos y peculado, que podría elevar el faltante a 25 millones de pesos.
Sin embargo, y aunque se señaló al ex director de la dependencia José Luis Dovalina como el presunto responsable, la SFP no ha anunciado la sanción final al funcionario.
Distribuidor Vial Revolución
Sin duda que el caso más "sonado" ha sido el referente al Distribuidor Vial Revolución, que inició en 2004 primero con accidentes que hicieron sospechar algún problema con la construcción y el diseño de la obra.
El DVR fue la magna obra del sexenio del ex gobernador Enrique Martínez, tuvo un costo de 140 millones de pesos y fue inaugurado el 30 de enero de 2004 en medio de una gran verbena popular.
En aquella ocasión, el entonces mandatario estatal aseguró que el DVR era una obra para 100 años; sin embargo, fue el 4 de mayo de 2006 cuando trascendió que de acuerdo con resultados preliminares de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el DVR requeriría de una "cirugía mayor".
Finalmente, el 17 de mayo de 2006, el gobernador Humberto Moreira anunció en rueda de prensa en Torreón la demolición de la obra por fallas estructurales.
Ese mismo día Ismael Ramos Flores, secretario de la Función Pública, también anunció que se buscaría castigo a los culpables.
Luego, tras más de un año de investigaciones en el caso, el 4 de julio de 2007 la PJGE determinó solicitar sólo una acción penal por el delito de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones públicas contra Manuel Gómez Parra, ex director de Caminos y Puentes de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas.
Sin embargo, el 1 de julio del mismoaño, Ramos Flores añadió otro elemento a la investigación, cuando Vanguardia publicó sus declaraciones en el sentido de que también se investigará a la administración de Guillermo Anaya en el caso del DVR.
En suma, lo único relevante que se ha anunciado a la fecha es la liberación de una orden de aprehensión contra Manuel Gómez Parra, ex director de Puentes y Caminos de la entonces Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas.
Además, una denuncia civil contra tres empresas que participaron en el diseño y construcción de la obra, emblemática del sexenio enriquista.
Bulevar Felipe J. Mery
En el caso del bulevar Felipe J. Mery, la SFP se comprometió a estudiar el diseño de la obra que se inundó el 17 de diciembre de 2006 a fin de fincar responsabilidades, pero a la fecha no lo ha hecho.
Ese día, el colector de la obra en proceso aún, que se estima en un costo de 26 millones de pesos, no soportó la cantidad de agua de lluvia y se desbordó, inundando 28 casas de la colonia Burócratas del Estado.
Pensiones del Estado
Otro pendiente de Ramos Flores es el caso del Instituto de Pensiones, donde se investiga un presunto desvío que primero se dijo era de 80 millones de pesos, pero que luego bajó a 15 millones.
El caso se ventiló en la opinión pública desde el 4 de agosto de 2006, pero de la misma manera no ha habido nada.
Auditorías a la Sección 38
Las auditorías a la Dirección de Pensiones, Fondo de Vivienda, Servicio Médico, y Seguro del Maestro de la Sección 38 del SNTE son los casos más recientes en los que Función Pública intenta "esclarecer" presuntas malversaciones de fondos.
En este caso, se presume que la anterior dirigencia de la Sección 38 desvió dinero de esas cuatro instituciones de seguridad social para la construcción del nuevo edificio sindical.
Según las estimaciones de la SFP, el desvío pudo haber sido de 60 millones de pesos.
El Secretario de la Función Pública ha señalado que de comprobarse esas desviaciones de recursos se fincarán responsabilidades y se dará parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Las instituciones de seguridad social que se auditan son el Fondo de la Vivienda, la Dirección de Pensiones, el Seguro del Maestro y el Servicio Médico.
Durante la pasada administración de la Sección 38 del SNTE, Juan Manuel Armendáriz Rangel encabezó el Seguro del Maestro, cargo que sigue ocupando actualmente.
También continúa Higinio Leonel Hinojosa en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.
En el Fondo de la Vivienda, Benigno Luévano Martínez fue el titular en la administración pasada, mientras que el Servicio Médico lo encabezó Francisco Alfonso Gaytán.
Presunto fraude en el Inedec
Funcionarios de la dependencia estatal, que aseguraron fueron forzados a firmar documentos para encubrir el fraude millonario, revelaron que el director del Inedec, Héctor Gaytán McGregor, frecuentemente reporta compras de material deportivo y de construcción que nunca ven físicamente pero del que tienen que reportar su ingreso.
Y mostraron actas de finiquito de diversos programas firmadas por Gaytán McGregor, las cuales comprueban las compras hechas por montos que van desde 370 mil hasta 808 mil pesos, todas asignadas al mismo proveedor.
Es el caso de Gilmar Internacional, empresa a la que el Inedec le ha asignado contratos por más de 2 millones de pesos y cuyo domicilio fiscal, Constitución 409 Oriente en Torreón, Coahuila, está ocupado por otra compañía de nombre Consultoría Empresarial.
"El material nunca lo vimos y se supone que si uno firma un acta de finiquito es porque vio la obra o el material que se compró, pero en muchos casos las facturas se pagan, pero nunca llega el material", declaró uno de los funcionarios.
Además, aseguraron que diversos proveedores del organismo, la mayoría originarios de La Laguna, surten de facturas en blanco a Gaytán McGregor para que éste pueda justificar algunos gastos personales que realiza con recursos del instituto.
Las facturas, afirman los empleados, son llenadas a mano por el director de instituto y presentadas como comprobante de gastos al área administrativa de la dependencia por montos que oscilan entre los 10 mil y 30 mil pesos.
"Que la Función Pública
se ponga las pilas"
Para el diputado Luis Gurza Jaidar es muy triste ver el rezago que tiene la Secretaría de la Función Pública.
"Vemos con tristeza que existe mucho rezago en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, en una serie de investigaciones que no se han concluido o en otras que no han iniciado.
"Esto tiende a que con el paso del tiempo tengamos de nueva cuenta cuestiones que por omisión se dejaron de hacer y que no se definan en tiempo y forma los responsables", dijo.
El legislador consideró que lo que pide la ciudadanía es que haya resultados en las investigaciones, tanto en el sentido de que se dé con los responsables como en que se restaure el daño al erario.
"Es de vital importancia que la Función Pública se ponga las pilas, que se deje de hacer `pato', que deje de andar de politiquerías y que se ponga a jalar técnicamente como debe de ser esa área, jurídica, científica y técnica, no política", arremetió.
Consideró que la Función Pública debe ser un área similar a la Auditoría Superior, ajena a lo político.
"Nosotros ya pusimos el ejemplo al despolitizar la Contaduría Mayor al convertirla en Auditoría Superior y pues pareciera que la SFP todavía no ve bien esa visión que hoy exige la ciudadanía.
"O sea, que sea una autoridad independiente y que esos rezagos que tiene en diversos análisis, chiquitos o grandotes, los saque adelante", opinó Gurza Jaidar, legislador local por el PAN.
