Nueva Ley de Aguas: ¿por qué tanta polémica?

El agua es un elemento natural que –nos lo enseñan desde la primaria– tiene su propio ciclo de vida: cae del cielo en forma de lluvia, nieve o hielo para luego formar cauces, glaciares, depósitos o infiltrarse en el subsuelo. Una parte de ella se evapora, asciende en la atmósfera y genera nubes que luego se condensan y reinician el ciclo.

Tener en cuenta esta característica del agua es esencial para comprender por qué, en estricto sentido, el vital líquido no es susceptible de apropiación, en el sentido que lo es cualquier otro objeto, como un automóvil, un horno de microondas o una prenda de vestir.

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Y es que, a diferencia de los demás objetos, el agua no es inmutable ni permanece quieta, sino que se encuentra en constante movimiento. Debido a ello, no podemos poseerla en sentido estricto –aunque así nos lo parezca– y debemos conformarnos con usarla.

Esta es la razón por la cual nuestra Constitución establece, en un larguísimo párrafo de su artículo 27, que el agua existente en el territorio nacional, incluida la plataforma continental, es “propiedad de la nación”. En otras palabras, el agua nos pertenece a todos y nadie, en lo individual, puede considerarse su dueño. Ni siquiera de manera parcial.

Contrario a la realidad que impone la naturaleza, en nuestro país se construyó largamente la idea de que, quien posee un permiso para usar un cierto volumen de líquido, porque realiza una actividad económica que lo justifica, es “propietario” de dicho volumen de manera perpetua.

Peor aún: a partir de la idea de que se es “propietario del agua” surgió un auténtico “mercado negro” de las concesiones otorgadas para su uso, mercado que se volvió sumamente lucrativo para muchos. Se trata, es preciso decirlo, de un mercado cuya existencia fue tolerada largamente por el Estado y que generó una de las muchas fuentes de corrupción endémicas en el país.

Por otro lado, la institución responsable de administrar los recursos hídricos del país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha realizado su tarea con serias deficiencias a lo largo del tiempo y ello ha derivado en un hecho puntual: no contamos con un sistema eficaz de administración del agua del país.

Lo anterior se traduce en problemas muy concretos: no sabemos exactamente cuál es el volumen de agua disponible, sobre todo la que se encuentra en el subsuelo; no existe un censo preciso de quiénes son usuarios del agua y no sabemos con precisión quiénes, de los que están en ese censo, sí usan el agua y quiénes solamente lucran con ella.

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En otras palabras, lo que tenemos es un gigantesco desorden cuya traducción, a últimas fechas, es la existencia de múltiples conflictos en torno a los derechos de uso del vital líquido. Conflictos que, en teoría, serán resueltos con la Nueva Ley de Aguas.

El problema es que ninguna norma, por sí sola, resuelve los problemas generados por la conducta humana. Así que hoy podemos tener nuevas reglas para el uso de este recurso, pero no necesariamente una solución para el problema que vivimos.