Alcaldesa de Múzquiz será investigada por la Auditoría Superior de Coahuila

La Auditoría Superior del Estado investigará a Tania Vanessa Flores Guerra, alcaldesa de Múzquiz, por Morena, acusada ante el Congreso del Estado por cohecho, peculado de cuantía mayor, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos cometidos por servidores públicos, ejercicio irregular de recursos públicos y desvío de los mismos en perjuicio del erario que sumarían cerca de 100 millones de pesos.

Asimismo, la Alcaldesa y sus funcionarios serán investigados por los posibles delitos de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de otorgamiento ilegal de permisos, licencias o autorizaciones; asignación ilegal de obra pública y de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos realizados ilegalmente.

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También por pagos ilegales y por contratos, adquisiciones o asignaciones a precios inflados con modalidades agravantes por perjuicio económico a la hacienda pública o beneficio económico al servidor público, familiares o terceros, además de presunta recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación del presupuesto municipal.

Karla Mónica Escalera Mendoza, quien ocupó la Secretaría del Ayuntamiento de enero de 2022 al 11 de enero pasado y decidió renunciar por las irregularidades detectadas, pidió la intervención de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso local para que intervenga la ASE, analice la denuncia ciudadana, inicie la investigación, fiscalice los recursos y audite a la administración municipal.

Y, en su caso, solicita que denuncie los delitos ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado contra quien o quienes resulten responsables.

Escalera Mendoza señaló que el órgano de control interno municipal no debe intervenir porque tiene vínculos de sumisión y corrupción con la Alcaldesa.

Entre otros delitos, señaló que el 4 de junio se dio de alta en el padrón de proveedores a la empresa “fantasma” Servicios y Minerales Guel, constituida el 14 de septiembre de 2021, una vez pasada la elección en que resultó electa Flores Guerra. La empresa se favoreció con adjudicaciones directas por arrendamientos de camionetas utilizadas como patrullas municipales y para rehabilitar calles.

La empresa está vinculada a su hermano Antonio Flores Guerra, actual diputado electo (PT), utilizando a sus empleados Jaqueline Garza Briones y Édgar Alí Hernández Garza, como representantes legales, que se convirtieron en prestanombres. Para ello, entregó constancia de situación fiscal de la empresa, el padrón de proveedores y documentó que el domicilio fiscal de la empresa no existe.

Garza Briones es auxiliar administrativo en la empresa Minerales Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, mientras que Hernández Garza está en la nómina de Consorcio Oasis Minería y Transporte, con un salario base de 218.24 pesos, al 20 de junio pasado. En 2018 su salario base era de 286.3 pesos, mientras que el año pasado percibía 180.68 pesos, de acuerdo con las cotizaciones ante el IMSS.

La denuncia refiere triangulación de pagos de contratos de obras por adjudicación directa a empresas relacionadas a la familia Flores Guerra, así como el arrendamiento de 6 camiones recolectores de basura, pipas de agua, maquinaria pesada y dos barredoras a las empresas fantasma Multiservicio Industrial Rovi y Servicios Integrales Tova, además de la compra de camiones recolectores por medio de la empresa Oásis del Desierto Minería y Construcción, en la que Ofylia García es representante legal.

Ella es prima hermana de Tania Vanessa y directora del Departamento de Adquisiciones y Compras del Ayuntamiento.

Servicios Integrales Tova reporta como domicilio fiscal la calle Michoacán 1401 B, de Monclova, pero ahí solo se encuentra una casa-habitación. El contrato de luz de la CFE señala que está a nombre de Elia Mariela Tovar Gurrola, representante legal de la empresa.

De Multiservicio Industrial Rovi, con domicilio fiscal en la calle Mar Caribe número 2009, de la colonia Santa Isabel, en Monclova, el representante es su hermano Juan Vicente Tovar Gurrola.

La denuncia refiere que las barredoras y pipas de agua son propiedad de Minera del Norte y están prestadas al Municipio, pero la Alcaldesa las factura como arrendadas a través de las dos empresas factureras, entre otras irregularidades, como el que la Alcaldesa utiliza el parque vehicular municipal para labores en el patio de carbón de Oásis del Desierto, en Nueva Rosita.

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Además, trabajadores de esa empresa cobran en la nómina municipal, lo mismo que escoltas de Antonio Flores Guerra, el diputado electo; María Elena Guerra Flores, mamá de Antonio y Tania, y de María Elena, hermana de ellos. También cobran veladores de casas particulares de la familia y personal de limpieza.

El diputado Jesús María Montemayor Seguy, integrante de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, explicó que analizarán la denuncia y, sin presentarla ni discutirla en el Pleno del Congreso del Estado, será remitida a Auditoría Superior del Estado para que la examine e investigue, a fin de que actúe en procedencia.

Es decir, si encuentra indicios de probables delitos, ordenaría una auditoría especial para esclarecer la situación u ordenar las acciones legales correspondientes.