Amparo en PJF retrasa justicia por ecocidio provocado en incendio de La Pinalosa

Después de un año y medio desde que se declaró la apertura del juicio oral para resolver el caso del incendio en La Pinalosa, que afectó a más de tres mil hectáreas de la sierra de Arteaga en 2021, un amparo promovido ante el Poder Judicial de la Federación ha generado un mayor retraso y la incertidumbre sobre si el caso se resolverá pronto.

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Este caso resonó a nivel nacional, toda vez que la afectación fue tal que las llamas llegaron hasta la zona de Nuevo León.

Este incendio, que ha sido catalogado como uno de los más delicados en los últimos años, se propagó durante 18 días, hasta que las autoridades lograron controlarlo al 100 por ciento.

De acuerdo con las investigaciones, el incendio se originó en una cabaña propiedad de una familia originaria de San Pedro Garza García, en Nuevo León, a raíz de un mal control de una fogata que fue encendida para realizar una carne asada.

En noviembre de 2021, la Fiscalía logró la detención de Adrián “N” como presunto responsable, y en diciembre de 2022, un juez de control declaró la apertura del juicio oral, luego de que las partes no llegaron a un acuerdo durante la etapa de investigación.

PARO EN PODER JUDICIAL RETRASARÍA FECHA

Aunque el tiempo estimado para que se inicie un juicio oral después de que la autoridad reporta el cierre de la investigación es de 60 días, hasta ahora, no existe fecha alguna en la agenda del poder judicial local para llegar a la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado en la delegación Sureste, actualmente existe un amparo promovido por el acusado, que hasta no resolverse, no permitirá registrar un avance para la fecha del juicio; sin embargo, el paro en el Poder Judicial de la Federación podría retrasar aún más el caso.

CULPABLE ENFRENTA EN LIBERTAD ACUSACIONES

En ese sentido, la Fiscalía también explicó que en este tipo de casos no existe un plazo forzoso para resolverse, pues no es un delito anteriormente considerado como grave y no existe una persona privada de la libertad.

Hasta este momento, Adrián “N” ha logrado desarrollar y enfrentar el procedimiento penal bajo una medida cautelar que únicamente implica la presentación periódica ante las autoridades y no es privativa de su libertad.