Analizará Congreso de Coahuila propuesta de ley para protección de trabajadores de la educación

El Congreso del Estado de Coahuila inició su segundo periodo ordinario de sesiones del año con una agenda legislativa enfocada en la protección de los trabajadores de la educación frente a acusaciones falsas y hechos de violencia en los planteles escolares, tras la agresión sufrida por un docente en la Secundaria “Adolfo López Mateos” de Saltillo el pasado 29 de agosto a manos de un exalumno.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad con 114 mdp en patrullas, cámaras y equipamiento policial

Durante la sesión, la diputada Magaly Hernández presentó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila, misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio.

La propuesta busca establecer un marco legal que garantice protección institucional, acompañamiento jurídico y apoyo psicológico para el personal docente ante quejas infundadas, amenazas o actos de violencia. Según la legisladora, surge de una “realidad dolorosa”, marcada por acusaciones falsas y actos de violencia que afectan la vida personal y profesional de los docentes y deterioran su estabilidad emocional.

El proyecto, inspirado en la Ley PROTEM recientemente aprobada en el Congreso de Morelos, propone la creación de un Protocolo Estatal para la Atención y Evaluación Preliminar de Quejas Administrativas o Escolares contra Personal Docente. Este protocolo se desarrollaría en coordinación con la Secretaría de Educación, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA) y agrupaciones magisteriales, e incluiría medidas precautorias, criterios de recepción, mecanismos de canalización, garantías de imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, la iniciativa contempla el derecho al debido proceso, defensa jurídica gratuita y conservación del cargo y salario mientras se desarrolla el procedimiento. También establece medidas de restitución en caso de quejas maliciosas, incluyendo reincorporación inmediata y apoyo psicológico, así como atención especializada para niñas, niños y adolescentes involucrados, mediante canalización a la PRONNIF y campañas de concientización que fomenten el respeto a la labor docente y prevengan denuncias infundadas.

“Esta ley que hoy propongo no busca encubrir o solapar actitudes o conductas indebidas e ilegales, ni dificultar el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita. Lo que sí busca es garantizar que el personal docente no quede en la indefensión frente a acusaciones infundadas, difamaciones, amenazas o persecuciones mediáticas”, aclaró la legisladora.

En el mismo contexto, el diputado Álvaro Moreira presentó una proposición con punto de acuerdo, respaldada por el pleno, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública federal y a la Secretaría de Educación estatal a reforzar los protocolos y mecanismos de prevención de violencia escolar.

El exhorto propone instalar mesas de trabajo interinstitucionales con autoridades educativas, sindicales y de seguridad pública, para revisar y dar seguimiento a los casos reportados en los centros escolares, así como crear unidades de acompañamiento psicosocial para el personal afectado. El legislador enfatizó que, si bien existen protocolos vigentes como el Manual de Convivencia Escolar y el Protocolo de Actuación de 2020, “su efectividad depende de que cuenten con los instrumentos y garantías necesarios para proteger integralmente a quienes hacen posible el proceso educativo”.

A nombre del Congreso del Estado, la diputada Magaly Hernández emitió un pronunciamiento oficial condenando la agresión sufrida por el docente Héctor Alejandro, y expresó solidaridad con él, su familia y todo el gremio magisterial de Coahuila.

La legisladora señaló que estos incidentes atentan contra el derecho de docentes, estudiantes y padres de familia a desenvolverse en un entorno seguro. “Este Congreso debe ser claro: no toleraremos que la violencia toque las puertas de nuestras escuelas. Por ello, demandamos justicia, una investigación pronta y expedita, y la sanción correspondiente al responsable. Asimismo, solicitamos a las autoridades educativas y de seguridad fortalecer las estrategias que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa y la protección plena del personal docente”, mencionó.