“Ante impunidad y colusión en desapariciones, familias acudieron a la ONU”: Fray Juan de Larios en Coahuila

La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en Saltillo, Alma García, dijo que la reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas se emitió tras años de insistencia de las familias buscadoras sobre el fenómeno de desaparición en Coahuila.

En entrevista con VANGUARDIA, manifestó que la resolución cobra especial relevancia, ya que refleja que las familias tuvieron que acudir a instancias internacionales como la ONU, luego de varios años de tocar puertas y recorrer instituciones de distintas administraciones estatales y federales sin obtener respuestas.

El documento analizado por el Comité recopiló que, entre 2009 y 2016, en Coahuila hubo patrones de desaparición, entre ellos el secuestro de personas por policías para entregarlas a Los Zetas, así como desapariciones cometidas por grupos de seguridad de élite.

Al respecto, señaló que el Comité también reconoce la información aportada por la Federación Internacional de Derechos Humanos, donde los colectivos advertían que las omisiones en las búsquedas estaban relacionadas con la participación del propio Estado.

“Lo que nosotros fuimos viendo a partir de la documentación de los casos es esta complicidad entre grupos delictivos y agentes del Estado en sus diferentes funciones, instituciones y niveles”, dijo.

PATRONES DE VIOLENCIA Y CONTROL

García, añadió que, desde el análisis de la macrocriminalidad, se ha identificado que la desaparición también fue utilizada en Coahuila como una posible estrategia de control social y territorial por parte del crimen organizado.

En ese contexto, afirmó que los campos de exterminio encontrados en el estado, y expuestos ante el Comité, representan una fotografía del problema.

Explicó que el Centro tiene documentados más de 500 casos en esos años en Coahuila y la región, y subrayó que hubo eventos de desapariciones colectivas desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y nombró a Genaro García Luna como secretario de Seguridad.

“Muchos de esos casos fueron participación de agentes estatales. Lo que nosotros documentamos en mayor medida fue la intervención de policías municipales de distintas corporaciones, aunque también hubo información sobre autoridades estatales como los GATES”, dijo.

“Estos temas son de vínculos y redes que no solo competen a un solo estado, sino a la federación. Son redes mucho más amplias que definieron políticas de seguridad que, en realidad, parecían de exterminio”, añadió.

JUSTICIA, DEUDA DEL ESTADO MEXICANO

En cuanto a las exigencias, la directora señaló que, si bien el Gobierno Federal es quien responde ante el tratado internacional firmado por Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno Estatal también debe asumir su responsabilidad en la procuración de justicia.

“Lo que nosotros esperamos es que la procuración de justicia funcione, que México tenga apertura a la cooperación internacional y que se prioricen recursos para atender la crisis humanitaria de desapariciones, más que continuar con discursos de negación”, dijo.

“Esperamos esa apertura también del gobierno del estado, que evidentemente no ha investigado los vínculos de autoridades estatales con el crimen organizado. No hay una resolución al respecto, nunca, y eso demuestra un patrón de impunidad”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad, al señalar que el tema no solo es histórico, sino que debe marcar un precedente para evitar que continúen las desapariciones.

“Esto es una oportunidad para la sociedad de participar en los procesos de verdad y justicia. No es un tema solo de las familias de personas desaparecidas, nos compete a todos”, dijo.

“Si bien el gobierno de Coahuila ha mantenido un discurso de que el estado es seguro, no ha sido por voluntad propia, sino porque las familias, colectivos y organizaciones han estado empujando”, concluyó.