Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’

Por: Madeleine Ngo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intenta deportar al menos a 50 titulares de la tarjeta verde, o green card, a través de una nueva unidad dedicada a reevaluar a miles de migrantes con residencia permanente en todo el país, según datos internos obtenidos por The New York Times.

Esos casos representan una pequeña fracción del número total de titulares de la tarjeta verde que han sido revisados hasta ahora. Alrededor de 2890 casos habían sido evaluados o estaban en proceso de evaluación el 7 de mayo. Se consideró que el 80 por ciento de dichos casos no requerían “ninguna acción adicional”. Más de 500 titulares de la green card seguían en proceso de revisión.

Las cifras revelan los primeros resultados de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por examinar a los titulares de tarjetas de residencia sospechosos de cometer fraude o de representar una amenaza. La reciente creación de esta unidad también subraya la agresividad con la que los funcionarios del gobierno intentan erradicar a los migrantes que, a su juicio, deberían ser despojados de su estatus legal y expulsados del país.

Es la señal más reciente de que el gobierno está ampliando su represión migratoria más allá de quienes viven ilegalmente en el país, para incluir a aquellos que han obtenido un estatuto legal. En los últimos meses, las autoridades han lanzado campañas para tratar de revocar la condición de refugiados y ciudadanos naturalizados, lo que ha generado temor entre muchos residentes de larga data ante la posibilidad de que su estatus no esté garantizado.

El gobierno de Trump ha dicho que es necesario reevaluar a amplios grupos de migrantes debido a la laxitud de las normas de control del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, esta iniciativa está siendo criticada por algunos exfuncionarios de seguridad nacional de gobiernos demócratas y republicanos, quienes han cuestionado el uso de los recursos y han señalado que las cifras internas muestran que solo alrededor del 2 por ciento de los titulares de la green card revisados fueron considerados potencialmente deportables.

Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), que supervisa el sistema de inmigración, dijo que la agencia estaba “evolucionando a través de reestructuraciones organizativas para proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y respaldar las prioridades de nuestra misión”.

“La primera y principal misión del USCIS es proteger a Estados Unidos mediante una rigurosa investigación y selección de los extranjeros”, dijo Kahler en un comunicado. “Seguiremos aplicando cambios a medida que identifiquemos oportunidades para reforzar el sistema de inmigración de Estados Unidos”.

Kahler dijo que entre las personas sometidas a una nueva investigación se encontraban aquellas detenidas y condenadas por diversos delitos, como agresión sexual, violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y posesión de parafernalia de drogas. Algunos “admitieron pertenecer a una organización sospechosa de obtener ilegal o ilícitamente información y tecnología de exportación controlada para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, dijo Kahler.

Añadió que entre quienes eran investigados también había personas que, según determinó el USCIS, habían mentido para obtener su estatus de residente permanente.

Pero el hecho de que se descubriera que pocos de los seleccionados habían obtenido la residencia de forma indebida apunta a que la redada incluía a un grupo de personas más amplio que el de los condenados por delitos o los que habían cometido fraude.

Según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar públicamente, en todo el país se han identificado decenas de miles de titulares de la tarjeta de residencia permanente para su revisión. A los agentes de la unidad se les ha encomendado la tarea de revisar los antecedentes penales y las solicitudes presentadas por los titulares de las tarjetas verdes para encontrar indicios de posibles fraudes, añadió la persona.

Algunos exfuncionarios de Seguridad Nacional cuestionaron la eficacia de la atención prestada por la agencia a la investigación de los migrantes que ya han obtenido la residencia legal.

“Se han planteado muchas cuestiones sobre si se trata o no de un uso responsable de los recursos del USCIS, sobre todo si se tiene en cuenta el trabajo acumulado que tiene el organismo”, dijo Sarah Pierce, exanalista política de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, quien ahora es directora de política social del grupo de reflexión de centroizquierda Third Way. “Creo que las cifras no hacen más que aumentar esas dudas”.

La agencia tenía más de 11 millones de solicitudes pendientes para diversas prestaciones migratorias a finales de septiembre, según los últimos datos del USCIS. Ese retraso ha seguido creciendo a lo largo de los años; aproximadamente se ha duplicado desde finales de 2019.

La unidad encargada de revisar a los titulares de tarjetas de residencia forma parte de una nueva división de la agencia denominada “División de Operaciones Tácticas”, según documentos revisados por el Times. Tiene varias unidades, como “Operaciones LPR”, “Desnaturalización” y “Revisión de Refugiados”. The New Yorker informó anteriormente sobre la creación de la división.

En un correo electrónico revisado por el Times, Daniel Andrade, director de la división, describió la unidad dedicada a examinar a los titulares de tarjetas verdes como un “aparato de expulsión de LPR”, en referencia a los residentes permanentes legales, por su sigla en inglés. Según los documentos, unos 40 funcionarios migratorios trabajan en investigar a los titulares de la green card.

Las medidas de reevaluación del gobierno de Trump son mucho más amplias y agresivas que las anteriores para revisar a los migrantes que se encuentran legalmente en el país, según antiguos funcionarios de seguridad nacional.

Normalmente, los servicios de Ciudadanía e Inmigración verificaban los antecedentes penales de un titular de una tarjeta verde cuando este solicitaba la renovación, la naturalización u otra prestación. A través de la nueva unidad, la agencia revisa de forma más proactiva a los titulares de la green card y trata de deportarlos.

Sharvari Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo: “Esta intensa atención a la reevaluación es nueva”.

Los titulares de la tarjeta verde pueden ser deportados por diversos motivos, como una condena por determinados delitos o la obtención fraudulenta del estatus. Por ejemplo, un residente legal permanente que sea condenado por tráfico de drogas o asesinato puede ser expulsado. Algunos delitos menores también pueden hacerles acreedores a la deportación. Otros delitos menores no suelen dar lugar a la expulsión, como una primera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol que no haya causado lesiones.

La deportación no es inmediata. Los titulares de la tarjeta verde suelen tener la oportunidad de comparecer ante un juez de migración, quien emite una decisión sobre su caso.

Los datos públicos sobre el número de titulares de la green card que son deportados anualmente son limitados. El gobierno federal normalmente ha optado por no perseguirlos a menos que hayan cometido delitos especialmente graves, según antiguos funcionarios de seguridad nacional.

Kerry E. Doyle, socio de Green & Spiegel que fue el principal abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Biden, dijo que no era tan inusual que el gobierno intentara expulsar a los titulares de la tarjeta verde que podían ser deportados, pero tampoco es frecuente.

“Definitivamente, no son tan habituales”, dijo Doyle.

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