Blindan candidaturas en Coahuila con convenio interinstitucional para evitar perfiles con antecedentes de violencia
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Acuerdo obliga a revisar aspirantes y negar registro a quienes tengan sanciones o incumplimientos legales
En un esfuerzo por fortalecer la integridad del proceso electoral y garantizar la protección de grupos vulnerables, autoridades firmaron un convenio de colaboración en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el cual se establecerán mecanismos de verificación para impedir que personas con antecedentes de violencia accedan a cargos de elección popular.
En la suscripción del acuerdo participaron el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Electoral de Coahuila y el órgano electoral local, con la finalidad de asegurar que quienes aspiren a una candidatura no hayan incurrido en conductas que vulneren los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El acto contó con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup; el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes; y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Karla Verónica Félix Neira, junto a consejeras y consejeros electorales.
REFUERZAN FILTROS PARA ASPIRANTES A CARGOS PÚBLICOS
Durante su intervención, Mery Ayup destacó que desde el ámbito judicial se han consolidado herramientas clave para combatir la violencia de género, entre ellas la creación de juzgados especializados, así como registros estatales que permiten identificar a personas sancionadas.
Precisó que el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres contabilizaba en 2025 un total de mil 576 personas, mientras que el padrón de Deudores Alimentarios Morosos sumaba 321 casos, instrumentos que inciden directamente en la suspensión de derechos y prerrogativas.
El convenio establece que quienes busquen una candidatura no deberán contar con sentencias firmes por delitos relacionados con violencia familiar, agresiones contra la integridad corporal, delitos sexuales, afectaciones al desarrollo psicosexual, violencia política en razón de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
En este esquema, el Poder Judicial asumirá la responsabilidad de informar si alguna persona aspirante se encuentra dentro de estos supuestos, aportando elementos objetivos que fortalezcan la transparencia y permitan a la ciudadanía evaluar con mayor claridad a quienes buscan representarla.
Asimismo, se destacó que estos criterios se sustentan en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Electoral de Coahuila, lo que consolida una evolución del principio conocido como “3 de 3” hacia un modelo más amplio en materia de derechos humanos.
Con esta acción, las instituciones firmantes refrendaron su compromiso de colocar en el centro de la vida pública la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como el acceso a una vida libre de violencia.
