POLITICÓN: Fiscalía va por toda la red de corrupción en Múzquiz
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La caída del extesorero Víctor Manuel confirma que el caso de Tania Flores nunca fue un expediente de una sola persona. Desde hace meses existían carpetas abiertas y era cuestión de tiempo para que alcanzaran a quienes operaron los recursos públicos del municipio
I. ¡VA PA’ DENTRO!
Múltiples voces lo anticiparon desde el primer día: Alonso Ancira firmó, en 2021, un acuerdo que no pretendía cumplir... al menos no en su totalidad. En efecto, para abandonar la cárcel se comprometió a pagar casi 217 millones de dólares, como compensación por la venta fraudulenta de Agronitrogenados. Del total, depositó 50 millones en noviembre de ese año y realizó un segundo abono de 54 millones un año después. Los 112 millones y medio restantes debió pagarlos en noviembre de 2023, pero hasta la fecha no lo ha hecho y por ello el Gobierno de la República anunció ayer la reactivación de la orden de aprehensión en su contra.
II. NO ERA COMO CREYÓ
Quienes anticiparon esta realidad dijeron con claridad desde el principio que Ancira creía que solamente debía “aguantar” hasta que el expresidente López Obrador dejara la Presidencia y el asunto se olvidaría. Y sí, lo olvidaron por casi dos años, pero alguien lo sacó ayer del cajón de los objetos olvidados. Así que ya circulan las quinielas sobre cuánto tiempo pasará antes de ver nuevamente al extodopoderoso “empresario” acerero.
III. A LOS ENEMIGOS...
La detención del extesorero de Múzquiz, Víctor Manuel Hernández Obregón, confirma que el caso de Tania Flores nunca fue un expediente de una sola persona. Como se ha comentado en este espacio, existían carpetas de investigación abiertas desde hace meses y era cuestión de tiempo para que alcanzaran a quienes participaron en el manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento muzquense. La captura del responsable de las finanzas municipales deja claro que la Fiscalía Anticorrupción no va solamente por los nombres más visibles, sino por toda la cadena de decisiones. Y, al parecer, la lista todavía no se agota.
IV. ...LA LEY A SECAS
Los hechos conocidos hasta ahora apuntan a un asunto estrictamente jurídico. Existen carpetas de investigación, una autoridad investigadora, un juez y un proceso que deberá seguir su curso conforme a derecho. Será en los tribunales donde se determine la responsabilidad de cada uno de los involucrados, con base en las pruebas que obren en el expediente. Al final, la ley debe aplicarse sin distingos y sin excepciones. ¿O acaso podría ser de otra forma?
V. ¡TODOS ME ODIAN!
El nigropetense Jacobo Rodríguez asegura que las críticas enderezadas en su contra, tras haber sido captado en el estadio de Miami en un juego del Mundial, obedecen únicamente a que sus malquerientes “quieren manchar” su muy exitosa administración municipal. Y además, agregó en el video que difundió en redes sociales para “explicar” su presencia en el partido entre Argentina y Cabo Verde, que todo lo pagó con dinero de su bolsa... pero es que nadie acusa al morenista de haber incurrido en un acto ilegal, sino de incongruencia con los principios de su partido y, en específico, de desoír la recomendación expresa de su dirigente Ariadna Montiel.
VI. MEJOR ME COMO UN...
Y no es que estuviéramos esperando que los morenistas le hicieran caso a su dirigente nacional, o que tuvieran un comportamiento apegado a los principios que dicen defender. Pero cuando menos se esperaría que, cuando se les sorprende en falta, la respuesta no fuera una exhibición de cinismo... igualita a las que realizaban quienes les antecedieron en el poder y tanto dicen detestar. Porque, por supuesto, “ellos no son iguales”.
VII. REFORMA AGRESIVA
La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, no sólo enfrenta cuestionamientos por su inacción frente a las acusaciones que pesan sobre su director jurídico, Enrique Emmanuel González Ortiz, sino que también comienzan a observarse los efectos negativos de la reforma que ella impulsó en materia de transparencia hace precisamente un año y que se tradujo en la desaparición del ICAI, pero también en una menor calidad en las respuestas a las solicitudes de transparencia por parte de las instancias públicas y, en los casos más graves, en la ausencia total de respuestas.
VIII. JUEZ Y PARTE
La reforma fue un retroceso en el ejercicio del derecho de acceso a la información y en la transparencia gubernamental. Aunque no tendría por qué ser así, ya que la SEFIRC debía asumir el papel del extinto ICAI. Sin embargo, al ser juez y parte, la Secretaría ha sido permisiva con muchos sujetos obligados que dan respuestas deficientes o incompletas a las solicitudes, lo cual afecta a los ciudadanos, por lo que urge que la dependencia a su cargo implemente esquemas reales de seguimiento y supervisión.
IX. FIESTAS Y ESPEJOS
Y para muestra de lo anterior, basta comentar la entrega del Premio Estatal de Transparencia, evento organizado por la SEFIRC, a través del Órgano de Información y Transparencia. Entre los galardonados aparecen el Ayuntamiento de Arteaga, de Karen Sánchez; la Secretaría de Cultura, de Esther Quintana; la Secretaría de las Mujeres, de Mayra Valdés y la Secretaría de Medio Ambiente, de Susana Estens. La escena resulta, cuando menos, paradójica. Cuando el mismo gobierno organiza el concurso, integra el jurado y, además, recibe los premios, la transparencia deja de ser un ejercicio ciudadano... para convertirse en Club del Elogio Mutuo.