Calculan en 100 millones de pesos daños por estafas inmobiliarias en Sureste de Coahuila
Abogados estiman que son alrededor de 80 las familias defraudadas, mismas que emprenderán diversas acciones esperando recuperar su dinero
Los dos grupos de ciudadanos que fueron objeto de estafas inmobiliarias en Saltillo y otros municipios de Coahuila decidieron unirse para exigir justicia y buscar la recuperación del dinero invertido. Calculan que el fraude asciende a alrededor de 100 millones de pesos.
Se estima además que son 80 las familias víctimas de estafas inmobiliarias, de acuerdo con estimaciones de los abogados que llevan los casos, sólo considerando aquellos que se dieron en los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.
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Entre las medidas acordadas por las familias defraudadas está solicitar una audiencia con el gobernador Miguel Riquelme, presentar denuncias ante la Dirección de Notarías, solicitar estar presentes en una sesión del Colegio de Notarios, y exigir celeridad de sus casos ante la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, pues consideran que hay impunidad y se falta al estado de derecho, porque nadie ha recuperado el dinero invertido.
En las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia por las vías penal y civil, los señalamientos principales apuntan a Lizeth “N”, actualmente arraigada en un domicilio de Residencial San Alberto, el cual presuntamente despojó a su legítimo propietario, y Francisco “N”.
Los testimonios también indican que varios de los ciudadanos fueron amenazados o intimidados por presentar denuncias y hacer manifestaciones públicas, ya sea en medios de comunicación de la ciudad o realizar publicaciones en redes sociales, haciendo señalamientos de fraude contra Lizeth “N” y Francisco “N”, así como una red de asesores inmobiliarios.
Las amenazas, una de éstas de muerte, fue realizada por Luis Enrique Cubas Otero, fallecido en Nuevo León, tras una golpiza que recibió en el Penal de Cadereyta, en donde estaba recluido por la investigación de un presunto fraude inmobiliario por más de 29 millones de pesos.
Las intimidaciones, de acuerdo con testimonios, se le atribuyen a Genaro, uno de los asesores inmobiliarios con funciones de cobranza y acciones jurídicas; las personas lo acusan de llamadas para solicitar información sobre las acciones que realizarán los dos grupos, nombres de los integrantes, así como para pedirles con palabras altisonantes que se desistan de las demandas y que retiren las publicaciones en redes sociales.
ES UN PROBLEMA SOCIAL
En su última reunión, integrantes de los dos grupos de ciudadanos defraudados por la red de estafadores inmobiliarios acordaron en primer término solicitar al gobernador Miguel Riquelme una audiencia para que se entere de la problemática, la cual consideran es ahora un problema social por el número de personas afectadas y porque parte de los asesores inmobiliarios siguen realizando las mismas prácticas: vender casas que no son de su propiedad y se firman contratos ante notarios públicos, sin que se valide si la propiedad está o no libre de gravamen o está a su nombre.
También la decisión tomada de presentar quejas ante la Dirección de Notarias nace porque ninguna autoridad ha solicitado la comparecencia de los notarios públicos involucrados, ahora los identificados con los números 15, 90, 28, 75 y 78 de Saltillo y Ramos Arizpe.
Han iniciado además la gestión para que el Colegio de Notarios de Coahuila los escuche en una sesión, a fin de que el resto de los notarios no involucrados en los fraudes, se concienticen y no cometan los mismos errores, a fin de que rechacen otorgar la fe pública a los contratos entre particulares sin previamente haberse cerciorado de que el negocio es lícito.
No obstante que la Fiscalía General del Estado, a través de Gerardo Márquez, ha girado instrucciones para que la mayoría de los denunciantes sea atendido conforme a derecho, buscarán una entrevista con el fiscal para darle a conocer lo que consideran irregularidades en el comportamiento de los ministerios públicos asignados a cada uno de los casos, su constante rotación y la lentitud para judicializar los casos.
Además, en el Poder Judicial de Coahuila quieren dejar en claro que también consideran que hay irregularidades palpables y dilación; refirieron que Lizeth “N”, no obstante a estar arraigada, tiene la libertad y el permiso de la autoridad para salir de su domicilio y hacerse cirugías estéticas, en tanto Francisco “N” ha salido de la ciudad, específicamente a Mazatlán, Sinaloa; sin embargo esto no es informado a los abogados de los afectados.
