Celebra Mejía Berdeja recuperación de ‘tajada de la deuda’ de Coahuila... aunque se lo quede la 4T

El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, celebró este 12 de abril el anuncio de la Presidencia de la República respecto a la recuperación de 246 millones de dólares asegurados al ex tesorero de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, Javier Villarrreal Hernández; sin embargo, aseguró que el monto solo habla del 10 por ciento del desfalco total al erario coahuilense.

“Pero eso es un pedazo apenas, lo que estos pillos defraudaron son más de 2 mil 50 millones de dólares, que equivalen a 41 mil millones de pesos, por eso, nosotros vamos a perseguir a estos delincuentes, y tienen que ir a la cárcel, Humberto, Rubén y Miguel Riquelme, todos los que robaron el dinero de los coahuilenses, y vamos a crear el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, comentó.

En 2011, mientras el ex gobernador Humberto Moreira dejaba el cargo para dirigir el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional y daba paso a su sucesor interino Jorge Torres López, hoy preso en Estados Unidos por lavado de dinero, los entonces diputados locales de Acción Nacional revelaban que la deuda bancaria del estado se había incrementado de 323 millones de pesos a 35 mil millones de pesos. Elevándose casi 109 veces.

“Como es un tema entre gobiernos, el gobierno de Estados Unidos y el de México, pues va a ir a recursos federales y el presidente ya anunció que va a campañas contra la droga. Está bien, pero nosotros queremos, que a los ex gobernadores se les juzgue en Coahuila, con tribunales de Coahuila, para que el dinero quede con los coahuilenses”, insistió Ricardo Mejía Berdeja.

Resaltó que la necesidad de estos juicios son para evitar impunidad en otros desfalcos como el del Fondo de Pensiones del Magisterio, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y el caso FICREA, desfalco registrado por la permisión de las autoridades del Poder Judicial de Coahuila.

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“Esto (los 246 millones de dólares) solo es lo que corresponde a la deuda bancaria” dijo, “hay que ver que pasa con Pensiones y FICREA, donde han estado, se han robado dinero”.

El candidato petista dijo que el estado no debe olvidar su historia para poder reconstruir su grandeza. “Coahuila requiere revisar que pasó hacia atrás y no que Rubén Moreira se vaya a disfrutar su fortuna. Que regresen lo que se robaron. Por eso el candidato del PRI es muy cómodo, -pa´delante, pa´delante-, ¿y el mugrero que trae atrás qué?, como si fuera algo nuevo. Él es parte de la complicidad, él es el hijo putativo de Rubén Moreira”.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó en septiembre de 2019 en la investigación periodística “Mega Deuda, Justicia Simulada” como se iniciaron nueve denuncias en Coahuila relacionadas con una parte del endeudamiento del estado, pero hasta ese año solo se conocía una sentencia, relacionada con la petición de solo mil millones de pesos al banco Santander.

De acuerdo al trabajo periodístico, el fallo resultó a favor de dos funcionarios públicos: Enrique Ledezma Sánchez y Juan Manuel Delgado Hernández, trabajadores del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), una de las dependencias que adquirió los créditos.

Este proceso legal iniciado contra los funcionarios públicos, se basó en un delito menor y un documento ilocalizable. También se cometieron omisiones por parte del juzgado donde se llevó a cabo: el Segundo en Materia Penal del Distrito de Saltillo.

A pesar de los dichos de Humberto Moreira, que afirmó que el dinero se invirtió en obras para el estado, una sentencia judicial revela que no hay constancia de que el dinero adquirido se haya utilizado en infraestructura y fue desviado “con propósitos desconocidos”.

VANGUARDIA solicitó la postura sobre la devolución de recursos al ex diputado federal por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, quien en 2013 junto con Senadores de Acción Nacional presentaron al gobierno de Estados Unidos un reclamo formal, con el objetivo de recuperar los más de 2 millones de dólares asegurados a Javier Villarreal por el departamento de Justicia estadounidense en Islas Bermudas. Declinó responder la solicitud.