Coahuila: propone ASE fiscalizar con perspectiva de derechos humanos

Coahuila
/ 1 diciembre 2023

Pide al próximo Congreso del Estado que pueda adecuar leyes para tener un mecanismo de protección para las garantías individuales

La Auditoria Superior del Estado (ASE) propuso a los legisladores locales autoricen ser un mecanismo de protección de los derechos humanos al revisar los poderes e instituciones públicas estatales y municipales a ser fiscalizados con perspectiva de derechos humanos, para lo cual los diputados deberán hacer las adecuaciones legales pertinente a la legislación actual, en este caso la próxima legislatura que ingresa el 1 de enero de 2024.

La fiscalización superior se aleja de ser sólo una más de las atribuciones conferidas al Congreso de Coahuila, ya que el respeto de derechos humanos se encuentra subordinado para realizar una sana gestión financiera en el ejercicio de los recursos públicos”, se explica en el informe.

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Además ASE añade esos ingresos sirven para beneficios de todos y son “generados por ingresos derivados del cobro de impuestos y servicios, así como la información relativa al ejercicio de los recursos públicos, motivo por el cual, dicha atribución se transforma de una facultad conferida a la Auditoría Superior del Estado, en un derecho fundamental de los gobernados”.

La propuesta está enfocada a incorporar en la ASEC, durante el desempeño de su fiscalización a más de 140 entes públicos obligados en la entidad, para una mayor eficacia en el combate a la corrupción.

La incorporación de la fiscalización superior como mecanismo de protección de los derechos humanos, potenciaría las facultades de la Auditoría Superior en el combate de actos de corrupción y afianzaría la credibilidad de la sociedad coahuilense en el desempeño de las instituciones públicas”, se expone.

$!La próxima legislatura podría tomar como parte de su agenda esta solicitud.

PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES

Además, las mismas propuestas de la Agenda Legislativa que propone la ASE para el Congreso o próxima legislatura, también retoma el tema del Padrón Único de Proveedores, el cual sí ha sido presentado mediante iniciativas en años anteriores, pero no han avanzado.

La obligación de llevar un padrón de proveedores en términos de las citadas leyes es competencia de la administración pública del Estado y de la Administración Pública Municipal, sin embargo, no contempla al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los organismos autónomos”, se sostiene.

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Además señala que derivado del ejercicio de sus facultades, la Auditoría Superior ha detectado mediante sus revisiones, que diversos organismos no se encuentran en el ámbito de aplicación de la ley de adquisiciones y, en su caso, de la ley de obra pública, por lo que no cuentan con un marco.

Se señala que con la implementación de un padrón único de proveedores se fortalecería la competitividad, toda vez que los entes públicos tendrían el catálogo de proveedores a nivel estatal y no sólo el de su propia entidad o municipio; así mismo les facilitaría a los proveedores el poder concursar en un procedimiento de contratación que se lleve con cualquier ente público, en cualquier lugar del Estado.

La propuesta es que se legisle al respecto con la implementación del Padrón Único en la Ley para que todos los contratados, forzosamente se encuentren inscritos en ese catálogo.

También se propone retomar el modelo de Servicio Profesional de Carrera para toda la entidad, el cual hasta el momento no es totalmente obligatorio y eso genera el otorgamiento de empleos en oportunidades que debían ser para quienes están preparados en la misma dependencia o poder.

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