Coahuila: proponen crear centros estatales de rehabilitación contra las drogas con nueva ley
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Un total de 29 artículos conforma la propuesta de Ley para la Prevención, Control y Tratamiento de las Adicciones en el Estado de Coahuila, propuesta por la diputada Martha Loera Arámbula y el diputado Eduardo Olmos Castro, que incluye la creación, operación y funcionamiento de centros de rehabilitación estatales.
De acuerdo a la propuesta de ley, se tiene por objeto establecer procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de la adicción, la reducción de riesgos y daños derivados de esta, así como a impulsar la rehabilitación y la asistencia integral de las personas con esta condición.
Es en su Artículo 2 en el que propone que el Estado promoverá la prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración a la vida productiva a personas que desarrollan abuso y dependencia a cualquier sustancia psicoactiva, mediante la creación de establecimientos especializados en adicciones.
Establece que los centros de rehabilitación y tratamiento públicos y privados podrán cobrar cuotas de servicio conforme a los lineamientos técnicos generales que establezca la Secretaría, aunque cuando el usuario carezca de recursos económicos para la atención correspondiente, el estado podrá condonar el costo de los servicios, conforme a la disponibilidad en infraestructura y presupuestal existente.
En su Artículo 11 señala que los centros de rehabilitación y tratamiento deberán contar con la infraestructura adecuada y el personal capacitado para cumplir con su función, según los lineamientos técnicos y la evaluación que al efecto practique periódicamente la Secretaría.
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Además deberán contar con autorización de funcionamiento de la Secretaría y colocarlo en lugar visible; coadyuvar con el personal de la dependencia que practique visitas para verificar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.
Coadyuvar en la fiscalización del destino de los recursos públicos que les sean entregados, contar con un coordinador y garantizar que la permanencia del usuario en el centro sea estrictamente voluntaria, salvo el caso de mandato judicial.
Además, establece que si se trata de menores de edad abandonados, se le podrá aceptar provisionalmente y deberá dar aviso inmediato a la Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia en el estado, donde la rehabilitación y tratamiento deberán ser dinámicas, no basarse exclusivamente en medios de sustitución y de desintoxicación, sino en acciones de ayuda mutua, mixtas o profesionales.
