Coahuila: proponen ofrecer recompensa por información que permita localizar personas desaparecidas
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Del año 2000 al 6 de octubre pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró dos mil 460 personas desaparecidas y para contribuir a la localización, el diputado Gerardo Walss Aurioles propone una adición al Artículo 24 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas de Coahuila, para que la FGE otorgue recompensas en numerario a quienes aporten información útil que lleve a la ubicación.
La recompensa en dinero, argumentó, se ha utilizado como parte de las técnicas de investigación criminal para recabar información que lleve a capturar a un prófugo, encontrar a una persona desaparecida y obtener datos o pistas para resolver un delito.
“Es una técnica de investigación perfectamente válida, que permite la participación ciudadana, el ahorro de recursos y tiempo para el Estado, y la agilidad de los procesos de investigación.
“En la búsqueda de personas desaparecidas, el Estado tiene obligación de implementar todas las medidas a su alcance para encontrarlas y, en su caso, para llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición”, comentó el diputado.
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La Federación y los estados han creado leyes, reglamentos y protocolos para la búsqueda de personas, identificar restos humanos y aplicar castigos más severos, pero falta mucho por hacer, indicó.
La Comisión de Búsqueda de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado de México ofrecen recompensas por información que lleve a localizar a las personas, y este mecanismo de participación ciudadana puede replicarse en Coahuila, consideró el diputado.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila señala como atribución del Fiscal ofrecer y entregar recompensas a personas que aporten información útil relacionada con investigaciones y detención de responsables, pero es genérica y no precisa ni los delitos ni las bases para ofrecer la recompensa, ni contempla los casos de personas desaparecidas.
La Ley en Materia de Desaparición de Personas tiene como objetivo garantizar la protección integral de las personas hasta conocer su suerte o paradero, dentro de un proceso en el que el apoyo de la sociedad civil y familiares de las víctimas ha sido invaluable.
“Con su esfuerzo e incansable lucha, han hecho posible muchos avances en todas las áreas, desde lo legislativo, la investigación, el establecimiento de protocolos y de medidas garantistas, hasta la creación de políticas públicas en la materia”, señaló.
