Coahuila, sin armonizar ley para proteger a niñas de matrimonios y uniones forzadas

Coahuila se encuentra entre las entidades que aún no han armonizado su legislación local con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de edad mínima para contraer matrimonio, en un contexto nacional y regional donde el matrimonio infantil y las uniones tempranas continúan afectando a millones de niñas y adolescentes.

De acuerdo con el estudio Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas en México, elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), una de cada cinco niñas en América Latina y el Caribe se casó o vivía en unión antes de cumplir 18 años. A nivel mundial, México ocupa el décimo lugar con el mayor número absoluto de mujeres adolescentes que contrajeron matrimonio o se unieron de manera temprana, y el segundo en la región, según datos de Unicef.

Las cifras revelan que alrededor de 10.4 millones de mujeres de 15 años y más en el país se casaron o unieron antes de la mayoría de edad, y que 4% de ellas lo hicieron incluso antes de cumplir 15 años. Este fenómeno se asocia con embarazos infantiles, violencia de género, abandono escolar —ya que siete de cada 10 niñas en esta condición no asisten a la escuela—, pobreza y limitación de oportunidades.

Aunque México ha impulsado reformas legales para erradicar estas prácticas, como la fijación de los 18 años como edad mínima para el matrimonio en 2014, la eliminación de dispensas en 2019 y la tipificación de la cohabitación forzada de menores en 2023, organismos internacionales advierten que el problema se ha desplazado hacia las uniones informales o de hecho, particularmente en zonas rurales y comunidades indígenas.

Unicef subrayó que entidades como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla concentran el mayor número de adolescentes en uniones tempranas, y alertó que la protección de niñas y adolescentes varía según el estado.

En ese escenario, Coahuila figura entre las entidades que no han actualizado su marco legal, lo que mantiene vacíos normativos frente a una problemática que sigue vigente, pese a una reducción marginal registrada entre 2014 y 2023.

(Con información de La Jornada)