Deberán pagar policías de Múzquiz maltrato y detención arbitraria de ciudadano
La queja se basa en el testimonio de un ciudadano que sufrió malos tratos por parte de los agentes durante su arresto
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha emitido la recomendación 29/2024 en contra de la Policía Municipal de Múzquiz por realizar detenciones arbitrarias de ciudadanos.
Esta recomendación se deriva de una queja interpuesta a mediados de febrero de este año, en la que un ciudadano acusó a elementos de la policía de detenerlo mientras se dirigía a comprar comida junto con su esposa.
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Según el agraviado, tras salir de su trabajo y encaminarse a un puesto de tacos, fue detenido sin que se le brindara información sobre el delito o infracción que supuestamente había cometido. Durante la detención, el hombre fue subido a una patrulla, donde sufrió golpes y malos tratos por parte de los agentes.
“Lo primero que recibí al subirme a la patrulla fueron golpes. Volteé a la derecha y le pregunté al oficial por qué me estaba deteniendo; él me pegó en la cara, en la cabeza, en la espalda y en el pecho. Me dijo que me callara, que él era el que hacía las preguntas. Todo el tiempo me decían palabras altisonantes”, relata el agraviado en su queja.
Además, el hombre indicó que el agente le pisó la mano y le advirtió que no sabía quién era él, insinuando que otros pagarían por su actitud. La esposa del agraviado también estuvo presente durante el incidente, aunque se retiró cuando la detención se hizo más intensa.
En su testimonio, el afectado informó a la CDHEC que ha sido víctima de situaciones similares en al menos tres ocasiones, lo que le genera temor por su seguridad y la de su familia.
Tras analizar el caso y contrastar las versiones de los involucrados, la CDHEC concluyó que los agentes de la Dirección de Seguridad Municipal de Múzquiz cometieron violaciones a los derechos humanos, en particular al derecho a la libertad y la detención arbitraria.
Para resarcir la situación, la CDHEC solicitó a la Dirección iniciar procedimientos administrativos contra los elementos involucrados, implementar garantías de no repetición de actos similares y proporcionar un pago económico como reparación de los daños causados.
