Exige Congreso de Coahuila sanciones por disposición irregular de perros en Piedras Negras

Tras la denuncia de que empleados municipales de Bienestar Animal en Piedras Negras arrojaron al relleno sanitario los cuerpos de decenas de perros sacrificados, el diputado Jorge Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, exigió, desde la tribuna del Congreso del Estado sanciones, investigaciones y medidas urgentes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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El legislador solicitó al alcalde de Piedras Negras separar de sus cargos tanto al director de Ecología como al responsable del Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal, mientras se desarrollan las investigaciones administrativas y legales correspondientes. Asimismo, pidió que los empleados directamente involucrados sean puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

A su vez, dirigió un llamado al Cabildo del municipio para modificar los lineamientos y establecer protocolos claros en la atención y cuidado de los animales, así como para que se apliquen sanciones administrativas a los funcionarios que hayan incurrido en omisiones.

Ante los hechos, planteó también la necesidad de crear un centro de bienestar animal que cumpla con la legislación vigente y trabaje coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil en la adopción y tenencia responsable de mascotas.

El legislador solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Investigaciones contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales para determinar si los hechos constituyen delito, y al Poder Judicial del Estado, para garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes y se prevengan actos similares en el futuro.

Valdés afirmó que los hechos evidencian una falta de cumplimiento de los principios de trato digno y respetuoso hacia los animales por parte del municipio. Subrayó que hasta ahora se desconoce el motivo del sacrificio de los animales y cuántos casos más podrían haberse dado bajo un manejo irregular, sin medidas sanitarias ni protocolos establecidos.

Recordó que la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales prohíbe el depósito de cadáveres en lugares no autorizados, y que los restos deben tener una disposición final adecuada, ya sea mediante incineración o inhumación. También citó disposiciones de la Ley de los Derechos de los Seres Sintientes y el Código Penal de Coahuila, que establecen penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil días para quienes incurran en actos de violencia contra animales, así como inhabilitaciones cuando el delito sea cometido por funcionarios o personal veterinario.