Fondo de Salud para el Bienestar, la caja chica del Gobierno Federal, acusa senadora

El Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se desplomó en cuanto a los apoyos destinados a la población más vulnerable, pues en los últimos dos años menos del 5 por ciento de los gastos del FONSABI se invirtieron en la atención de enfermedades catastróficas, informó la senadora Verónica Martínez García (PRI).

El 95 por ciento restante se transfirió al Instituto de Salud para el Bienestar o a la Tesorería de la Federación, donde se pierde el rastro del dinero. El FONSABI existe, recibe y canaliza recursos a la TESOFE, que no da cuenta sobre el destino de los recursos que le llegan.

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“En el 2019, el FONSABI registraba 105 mil millones de pesos; en el 2020, 101.9 mmdp; en el 2021, 69.9 mmdp y en 2022, 45.9 mmdp. El objetivo principal era canalizar recursos para atender enfermedades catastróficas y esto ha ido en continuo declive: en este rubro los montos han pasado de 6 mil 021 mdp en 2019, a 5 mil 963 mdp en 2020, a 2 mil 832 en 2021 y a 52.7 mdp en el 2022, una reducción del 99.12% en solo cuatro años”.

“Prácticamente, ya no es un fideicomiso que tenga que ver con salud, ya no es un sostén para gastos de enfermedades catastróficas. Lo preocupante sería que ahora funcione como herramienta de simulación del gasto, maquillaje de subejercicios o caja chica del gobierno”.

El FPGC otorgaba servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecían enfermedades de alto costo que ponían en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de servicios de salud y financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Proporcionaba recursos monetarios a través de un fideicomiso a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de los 32 estados, para atender 66 enfermedades como cáncer, VIH-SIDA, infartos, hepatitis o trasplantes, explicó la senadora.

Se considera un gasto catastrófico por motivos de salud cuando las familias destinan más del 30 por ciento de sus ingresos para sufragar el costo de la atención médica, lo que incluye cirugías, servicios de urgencias, hospitalizaciones y el tratamiento de enfermedades crónicas o una discapacidad, siendo los más afectados los hogares de bajos ingresos económicos, donde la simple compra de medicamente puede representar un gasto catastrófico.

“La proporción del gasto que destinan los hogares en salud se incrementa en función de la pobreza, por lo que la población no asegurada habitualmente espera a que sea indispensable o impostergable realizar el gasto y, al hacerlo, se vuelve catastrófico”, expresó.