Funcionario es señalado por abuso sexual a menores; su audiencia de vinculación en Saltillo es hoy

POR: JACKIE CAMPBELL

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) es el tratado internacional más aprobado y ratificado a nivel mundial (a pesar de que EU no lo haya hecho) con 196 Estados parte. De él entendemos hoy que niñas, niños y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, y que debemos promover para ellas y ellos una especie de escudo que les permita acceder al derecho a la educación, alimentación, descanso, juego, protección de su salud y a la recreación, sin importar dónde y cómo hayan nacido.

De ahí que el interés superior de la niñez debiera ser considerado una prioridad en la toma de decisiones siempre que se involucre a niñas, niños y adolescentes. Niñas y niños, cuando sean menores de doce años, y adolescentes, cuando estén entre los doce cumplidos a menos de dieciocho años de edad.

México ratificó la CDN en 1990, y como respuesta a los compromisos que ello daba, promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en 2014 y creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para diseñar políticas públicas e implementar programas y acciones en beneficio de niñeces y adolescencias. Coahuila contaba con la Procuraduría de la Familia del DIF, pero armonizó su ley y comenzó a trabajar en 2017 como Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la protección de niñas y niños sobre todo de las tres principales ciudades del estado.

A pesar de que hay toda una estructura para proteger a esta sección de la población, hay aún miles de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad por diferentes situaciones sociales. Muchos son discriminados y excluidos por tener alguna discapacidad, hay muchos también que no están escolarizados y teniendo entre diez y quince años, no saben leer y escribir. Pero lo más grave es que sean víctimas de violencia física, violencia sexual, víctimas de la trata y del crimen organizado, y no sólo en las principales ciudades, sino que acá se incluyen comunidades rurales y ejidos.

Estas situaciones no sólo limitan el desarrollo integral y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de estas niñas y niños, sino que les impide poder jugar y sonreír como cualquiera debiera hacerlo a su edad. Es increíble que las personas adultas que deben cuidar y promover su vida, sean exactamente las que les pongan en un riesgo máximo, y no sólo están implicadas madres y padres de las infancias, sino profesoras, curas, funcionarias e incluso juezas. Ser mujer no es garantía de ser feminista ni protectora de las niñas y mujeres, pues también son víctimas del sistema patriarcal.

Al Centro de Justicia Penal en Saltillo con la jueza Sandra Juárez llegó el escrito de una menor de edad víctima de abuso sexual, cuya carpeta de denuncia hace años fue cerrada sin que el agresor fuera señalado culpable, detenido o sancionado.

Ella es hoy mayor de edad, tuvo conocimiento de que su agresor había cometido un delito similar con otras menores de edad y que sigue libre, así que decidió escribir una carta narrando lo sucedido. Ella actúa con indignación pues ya se rieron de ella y de su hermana mayor, ambas víctimas, y también de su madre, quien tuvo una relación con el agresor hace aproximadamente diez años. Esta chica, víctima de abuso sexual cuando tenía ocho años, actualmente estudiante de Psicología, quien quiere colaborar con las otras niñas que fueron violentadas, busca impedir que el señalado y su familia se rían de otra familia, y desea que a ellas sí se les haga justicia.

Hoy a las 12 horas está programada la audiencia por el delito de abuso sexual a dos menores. La persona señalada trabajó en Registro Público de la Propiedad y hoy labora en el Instituto de Catastro del Estado de Coahuila. Tiene como antecedente señalamientos por presunto abuso sexual contra dos menores, hijas de su anterior pareja. Pasado el tiempo, inició una nueva relación con una chica a la que le lleva alrededor de veinte años de edad.

El primero de los años de esa relación, a ella la tuvo bajo llave, para su protección; ella era madre de una niña cuando se juntó con su agresor. Supo que estaba en la Zona Centro de Saltillo cuando quedó embarazada y pudo salir a la tienda para hacer compras de lo que necesitaba para cocinar, limpiar y atender a su pareja, con quien luego se casó.

Tuvieron unos cuates. Ella “permitió” que la agrediera porque le estaba “agradecida” ya que la había aceptado con su hija, en medio de problemas graves de su madre, su hermana y hermano. Al tiempo comenzó a trabajar y se dio cuenta de que él la engañaba. Cuando supo que presuntamente había violado a su hermanita menor de once años, y a su hija de ocho años, lo dejó, lo denunció, tramitó el divorcio y desde entonces debe enfrentar sola el proceso de justicia contra quien la enamoró y quien tanto daño le ha hecho a su familia.

Trabaja de las diez de la noche a seis de la mañana, descansa un par de días a la semana, cuenta con poco tiempo libre y una muy pequeña red de apoyo, se hace cargo de la salud de su familia ampliada y le duele en el alma lo que han vivido las niñas, pues nunca siquiera lo sospechó.

Ella sabe que podrá superar el daño que él le hizo a su cuerpo y a su dignidad, pues también ella fue víctima de agresiones físicas, sexuales, económicas y psicológicas, pero no puede hacerse más la fuerte, pues se ve superada por la violencia institucional que ahora la rodea, pues su agresor ha presentado videos y comprado testigos incluso de policías, para presentarla como mala madre. No es que él tenga dinero, pues su familia no tiene educación, pero murió su madre y está repartiendo el dinero que al parecer le heredó.

Ella tiene 27 años de edad, con rostro triste, limpia las lágrimas que salen de sus ojos sin que ella gesticule, mientras acepta que no le gusta que las niñas la vean llorar, pues debe ser ejemplo de fortaleza para ellas. Sabe que hay otras niñas víctimas además de las hijas de su anterior pareja, e incluso, una menor más con quien no tiene contacto. Es increíble la cantidad de menores que han sufrido una violencia sexual del mismo funcionario, al menos ella refiere a cinco.

Estas dos mujeres adultas y las menores que vivían con ellas, han sido víctimas de un presunto agresor que estaría siendo protegido por el Estado y por algunos contactos que tiene en el sistema por los años que ha trabajado ahí. Este comportamiento del sistema político y sus estructuras legislativas, administrativas y presupuestales debieran garantizar el ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos de estas y todas las niñas de Coahuila. La corrupción y protección entre machos, no debiera tener cabida teniendo en el estado una Procuraduría y una Fiscalía creadas para que niñas y mujeres puedan vivir una vida libre de violencia.