Justicia y poder económico en Torreón, Coahuila: el caso de Arturo Gómez Lara
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El periodista del diario El Universal, Raúl Rodríguez Cortés, opina que este caso evidencia un claro tráfico de influencias, ejecutado sin justificación alguna en Torreón
Este domingo, el periodista Raúl Rodríguez Cortés, a través de su columna Gran Angular en El Universal, arrojó luz sobre un caso que ha encendido alarmas en el escenario del Poder Judicial en México.
El epicentro de esta controversia se sitúa en Torreón, Coahuila, y gira en torno al empresario Arturo Gómez Lara, presidente de EON Energy, quien lleva ocho meses encarcelado en el Centro de Readaptación Social de esa ciudad.
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LAS RAÍCES
El origen del caso se remonta a un desacuerdo entre Gómez Lara y los hermanos Nesim y Salomón Issa Tafich, propietarios del poderoso conglomerado Grupo SIMSA. Esta empresa, con una fuerte presencia en el sector energético, ha sido señalada por actuar con intenciones monopólicas. Según Rodríguez Cortés, el poder político de los Issa Tafich ha influenciado al sistema de justicia de Coahuila, liderado por Miguel Felipe Mery Ayup, para actuar en contra de Gómez Lara.
El conflicto se agudizó cuando Gómez Lara fue acusado de fraude, presuntamente por infringir un contrato de exclusividad con los Issa Tafich, del cual, según su defensa, no tenía conocimiento.
La defensa de Gómez Lara sostiene que la exclusividad se firmó con IPCO, otra empresa del sector energético propiedad de Noé Navarrete, exmiembro de la Comisión Reguladora de Energía y exdiputado del PAN. Esta empresa habría hecho negocios con EON Energy, vendiendo electricidad en el mercado abierto, una acción que irritó a los dueños de SIMSA.
ACUSACIONES Y PRUEBAS CUESTIONADAS
La columna de Rodríguez Cortés señala que los Issa Tafich presentaron contratos como prueba de sus acusaciones, los cuales, según los abogados de Gómez Lara, contienen falsificaciones. Además, el Ministerio Público de Torreón, Eduardo Nakasima Martínez, ha sido denunciado penalmente por alterar un documento del expediente.
Otra irregularidad destacada es que los contratos se firmaron en la Ciudad de México, especificando que cualquier disputa legal se resolvería en los tribunales capitalinos y no en los de Torreón, donde los Issa Tafich tienen considerable influencia.
¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
El periodista opina que este caso evidencia un claro tráfico de influencias, ejecutado sin justificación alguna en Torreón. Las acusaciones contra Gómez Lara, la alteración de documentos y la elección de la jurisdicción judicial reflejan prácticas que socavan la justicia. Además, se señala que Generación Industrial, parte del Grupo SIMSA, sigue operando como suministrador calificado a pesar de las restricciones impuestas por la administración de la 4T.
Rodríguez Cortés recuerda que los Issa Tafich han ejercido su influencia desde los tiempos en que Coahuila era gobernado por el priista Rogelio Montemayor Seguy, cercano a Salomón Issa Murra, fundador del grupo empresarial. Este contexto histórico refuerza la percepción de que una reforma profunda a los poderes judiciales de los estados y de la Federación es no solo urgente, sino necesaria.
El caso de Arturo Gómez Lara en Torreón se presenta como un reflejo de las tensiones entre el poder económico y la justicia en México, poniendo en evidencia las prácticas cuestionables que, según Rodríguez Cortés, demandan una reestructuración del sistema judicial para asegurar una administración de justicia imparcial y efectiva.
