Mantienen en ‘la congeladora’ iniciativas para legalizar el aborto en Coahuila
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Doce meses después y pese a que la resolución fue en Coahuila, éste sigue siendo uno de los estados donde no se han reformado sus marcos normativos locales
El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad sobre la penalización del aborto en Coahuila, luego de considerar que no se puede criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo.
Doce meses después y pese a que la resolución fue en Coahuila, éste sigue siendo uno de los estados donde no se han reformado sus marcos normativos locales.
Pues aunque enel estado se despenalizó el aborto, carece de las reformas a sus Códigos Penales y Leyes de Salud para aprobar la interrupción legal del embarazo.
Hasta el momento se han presentado dos iniciativas para derogar los artículos del 195 al 199 del Código Penal, que continúan en “la congeladora”.
Fue la diputada Lizbeth Ogazón, de Morena, quien admitió que “existe una resistencia por parte de las autoridades del Estado para dar cumplimiento a la sentencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de armonizar la legislación penal estableciendo la despenalización del aborto”.
Señaló que solamente existe una instrucción de la Corte a los jueces para que eviten aplicar sanciones sobre esta acción.
Sin embargo, declaró, no existe claridad en los supuestos y más importante no existe toda la infraestructura sanitaria para responder a la aplicación de dicha medida que implicaría un cambio en la visión de las políticas públicas respecto a la atención de las mujeres en el Estado.
“El día 14 de septiembre de 2021, hace más de un año, presenté la iniciativa para modificar el Código Penal y despenalizar plenamente el aborto. No obstante, ni siquiera se ha convocado a estudio por parte de la Comisión de gobernación y puntos constitucionales que coordina el diputado Ricardo López Campos.
“Insisto en el tema de la resistencia por parte de las autoridades, porque he solicitado que se atienda la iniciativa que presenté y la respuesta siempre ha sido que no es conveniente”, aseguró la legisladora.
No existe voluntad política por parte de este gobierno, aseveró la diputada, debido a que una parte de los legisladores y las legisladoras, son de ideas conservadoras y fanático religiosas, al grado que una vez conocida la sentencia, acudieron con algunos magistrados para saber si era posible burlar la aplicación de la misma, agregó.
“No puedo dejar de hacer hincapié en que una legislación clara, permitiría no solamente la seguridad jurídica, sino también el establecimiento de políticas públicas en apoyo a la sanidad pública para las mujeres”, manifestó la legisladora.
Por su parte la diputada Mayra Valdés del Partido Acción Nacional, aseguró que hasta el momento la postura de la bancada en el Congreso es a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, por lo que rechazan el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y cualquier investigación científica que atente contra la vida humana, la cual debe ser protegida por el Estado.
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“A fin de evitar el drama del aborto, es imprescindible el establecimiento de políticas educativas y preventivas, así como hacer valer la responsabilidad del padre durante y después del embarazo, flexibilizar los trámites de adopción y brindar alternativas y apoyos a las mujeres embarazadas”, expresó el partido en su plataforma nacional.
Mientras que la diputada Luz Elena Morales, admitió que en Coahuila se requiere de un procedimiento de legalización, aunque actualmente incluso, señaló, se carece de una legislación federal sobre el aborto.
“Aunque en la Ciudad de México tiene legislado al respecto y regula las clínicas, aún falta que los estados puedan realizar esta legalización”, expresó la diputada sin mayor detalle de por qué en Coahuila no se han planteado las reformas legales para la legalización del aborto.
Ya que hasta el momento, en Coahuila el Código Penal local sólo fue modificado en cumplimiento a la resolución de la SCJN, omitiéndose el artículo 196, que ordenaba la prisión, de hasta tres años, para las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo.