Moviliza a las autoridades joven ingresado a anexo en Saltillo; pensaban era un secuestro
Gran movilización de autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Municipal de General Cepeda, se registró la tarde de este viernes al reportarse la privación ilegal de un joven en el ejido San Antonio del Jaral, del mencionado municipio del sureste de Coahuila.
A la llegada de una cuadrilla de patrullas se descartó secuestro, ya que todo fue un mal entendido.
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Jorge Armando Cortez Rosas, director de la policía municipal, confirmó a VANGUARDIA que todo ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde.
Se trataba de un joven de nombre Fermín, de 25 años, quien padece de adicciones a las drogas y no quiere rehabilitarse, pero a sus padres los ha metido en problemas pues ha dañado propiedad ajena y ha provocado adeudos económicos.
Sus familiares acudieron a un anexo de Saltillo para pedirles de “favor” sin importar el costo de mensualidad que se lleven a Fermín a la fuerza al anexo.
Ellos mismos les autorizan que se metan al domicilio porque durante el consumo de droga se pone agresivo y ha lesionados a varios de sus conocidos, así como parientes.
Los integrantes del centro de rehabilitación acudieron a bordo de una camioneta color negra sin portar algún logotipo y la familia de Fermín se encargó de abrir las puertas de su casa para darle acceso a los voluntarios del anexo para que se lo lleven.
Según los reportes al sistema de emergencia 911, los habitantes informaron que civiles se llevaron a la fuerza al joven.
Esto originó la activación del código rojo que se extendió a Saltillo y elementos de la Fiscalía General del Estado se aproximaron al filtro de seguridad que se localiza en el ejido Padre Santos de Saltillo.
Ahí interceptaron el vehículo en el que supuestamente se llevaron al adicto y los ocupantes mostraron documentos, solicitudes firmados por familiares.
Se informó que se tuvo que actuar mediante la fuerza con mutuo acuerdo con los padres del paciente, pero tanto a los encargados del anexo como al nuevo huésped se los llevaron a la delegación de la FGE para aclarar la situación.
A los encargados se les notificó que pudieron haber incurrido en un delito y que gracias a la autorización de la familia del paciente no ameritaron de arresto y dejaron que se llevaran al paciente al internado.
