No condicionar programas de asistencia social: Jaime Bueno

El diputado federal Jaime Bueno Zertuche (PRI en Coahuila) propuso reformar el Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para establecer que “los servicios de asistencia social en ningún caso podrán ser utilizados con fines de promoción electoral, ni su prestación puede condicionarse a participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un determinado candidato, partido político o coalición”.

“Desafortunadamente -señaló- la asistencia social se ha convertido en moneda de cambio en el ámbito político-electoral, dañando de forma severa tres pilares sobre los que se sostiene cualquier estado de derecho: el ejercicio de los derechos humanos, la prevalencia del sistema democrático y el debido y transparente uso de los recursos públicos”.

Con el uso electoral de los servicios de asistencia social o de los programas sociales, se hace creer a la ciudadanía que estos beneficios son dádivas que el gobernante gestiona para la ciudadanía y que si no se ratifica el voto por algún candidato o partido, la persona corre el riesgo de perder ese beneficio, expresó.

“En realidad, la asistencia social es un derecho que la ley les otorga con independencia del partido o gobernante en turno”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Incierto si la Federación enviará a Saltillo recursos para seguridad, dice alcalde

Estas prácticas ilegales generan desigualdad e inequidad en las contiendas electorales, pues el poder público se utiliza en favor o en contra de partidos, candidatos o coaliciones electorales.

Los servidores públicos que hacen uso de los servicios de asistencia social con fines electorales, violan el Artículo 134 de la Constitución Política que establece que tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

“El uso electoral de los servicios sociales también representa una violación a la aplicación imparcial, eficiente, eficaz, trasparente y honrada de los recursos públicos”, expresó.

Aclaró que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona con 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales si no votan por determinado partido o candidato, pero se requiere actualizar lo referente a la Ley de Asistencia Social.