Permanecen impunes 26 crímenes de odio en Coahuila

En el marco de la visita de la activista trans Kenya Cuevas a Saltillo, la organización Comunidad San Aelredo, A.C., dio a conocer que todavía hay mucho trabajo por hacer en favor de la comunidad LGBTTTIQ+ en la entidad, especialmente en el panorama de crímenes de odio, donde la gran mayoría de los casos que se han registrado permanecen impunes.

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Durante la visita de la activista, quien brindó una conferencia en el Paraninfo del Ateneo Fuente, se abordó el tema de la reciente aprobación de la Ley Paola Buenrostro en la Ciudad de México, que tipifica el transfeminicidio con penas de hasta 70 años de cárcel. La organización coahuilense profundizó en cómo se ha manifestado la problemática en la entidad desde 2015.

SE IMPULSA EXISTENCIA DE FISCALÍA ESPECIALIZADA

En la entrevista, la activista, quien impulsó esta ley a raíz del asesinato de su amiga Paola Buenrostro, dijo que, al igual que en la Ciudad de México, se espera que exista una fiscalía para este tipo de delitos y otros relacionados con crímenes de odio, y que están insistiendo en que esto mismo se haga realidad en los estados.

“Ya estamos impulsando para que en algunos estados existan unidades especializadas LGBTIQ+ que sepan cómo se debe establecer el trato”, expresó Kenya Cuevas.

De acuerdo con Noé Ruiz Malacara, presidente de la organización, entre 2015 y 2024, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTTTIQ+ en Coahuila ha registrado 32 casos de este tipo.

DE 32 CRÍMENES DE ODIO EN COAHUILA, EN SOLO SEIS SE HA LOGRADO PROCESAR AL CULPABLE

Según Ruiz Malacara, la información documentada en los últimos años muestra que de ese total de casos, únicamente en seis se ha logrado procesar a un presunto culpable.

El presidente de la organización agregó, en una entrevista, que uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las familias víctimas indirectas de estos crímenes son los tiempos establecidos por la ley y el desarrollo de las investigaciones.

“Estos casos donde se ha logrado un procesamiento son donde la familia siguió el proceso, pero como son muy largos y han tardado hasta tres o cuatro años, la familia ha insistido y finalmente se logró una solución para su familiar”, explicó.

Dijo que en muchos casos las familias han optado por desistir, dado que en los procesos de la Fiscalía también se enfrentan con el “vuelva después”.

“En el proceso, debido a los tiempos marcados por la ley, las familias desisten. Incluso hay casos donde la familia dijo quién, cómo, cuándo y dónde, pero aun así la Fiscalía no agilizó los procesos, lo cual es muy decepcionante para las familias que han perdido a un ser querido en ese tipo de crímenes”, expuso.

Al respecto, Noé Ruiz Malacara mencionó que se buscará en los próximos meses la aprobación de una iniciativa que sería presentada desde la ciudadanía, basada en la Ley Paola Buenrostro, que establece penas y marcos legales para investigar crímenes de odio en el país.